Sin ostentación, como ha sido su actuación al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez presentó la semana pasada el 7º informe de la entidad, el que seguramente tendrá preocupados a quienes sienten ya pasos de animal grande tras sus espurios negocios.
La Cicig fue requerida por el Estado de Guatemala para colaborar en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en el país. Ha tenido varios deslices que desdibujaron este objetivo. Se esperaba que con la llegada del nuevo comisionado, retomara su papel, lo que al parecer está dando algunos frutos. Es obvio que no es esa entidad la que va a acabar con el crimen organizado, responsabilidad que rebasa las capacidades actuales de un Estado débil y sin recursos.
Su papel es apoyar al MP, pero requiere de la colaboración de los otros dos poderes, de uno para que legisle en alineación con el objetivo que se persigue y del otro para que diligencie una pronta y cumplida aplicación de justicia.
El momento en que se da a conocer el informe es desafortunado para los llamados a colaborar con la entidad. El Congreso está cuestionado por la elección de magistrados a las Cortes, con un diputado antejuiciado, dando espectáculos que lo deslegitiman y desprestigian cada vez más y mostrando total indiferencia hacia los problemas nacionales. ¿Cuál apoyo podrán dar a la Cicig si ni siquiera han podido analizar las propuestas presentadas para la reforma de la Constitución en el ámbito de la justicia? Poco podrá hacer un organismo donde poderes fácticos legales e ilegales, que tienen los recursos suficientes, corrompen voluntades, proceso que ha ido en incremento, período tras período legislativo.
Y el organismo judicial tampoco está en condiciones de responder a los retos que la Cicig le plantea, politizado cada vez más, en desmedro de la independencia que debería caracterizarlo.
La Cicig ha solicitado antejuicio contra un magistrado y dos jueces. Eso no lo habíamos visto antes. El señor Velásquez anunció que tiene iniciadas siete investigaciones. Se refirió al retardo malicioso para evitar el avance de los procesos penales, al uso abusivo del amparo y a que algunos operadores de justicia se prestan para obstaculizarla, aspectos que, de ser ciertos, evidenciarían la corrupción de las cortes. Es evidente que la debilidad de este organismo estatal es una de las causas de la necesidad de la presencia de ese ente internacional.
También habló del financiamiento del narcotráfico a partidos políticos y del contrabando. Temblando estarán los responsables financieros de esos entes públicos, ante la posibilidad de que sus actos ilícitos queden demostrados; y no digamos del caso de los contrabandistas de altos vuelos.
Aseguró que se han identificado prácticas aparentemente corruptas, mediante la malversación de fondos públicos, contrataciones administrativas irregulares y acciones que podrían favorecer adjudicación de contratos millonarios a partir de la retribución de favores políticos.
Algunos de esos casos han sido revelados por la Prensa, pero los supuestos responsables saben que no pasa nada. Veremos si siguen tan confiados ahora que hay investigaciones serias para llevarlos a tribunales.
Y algo muy vergonzoso, parte de conversaciones cotidianas, es la posible relación entre funcionarios y estructuras paralelas de poder.
Ojalá que la Cicig pueda acelerar el trabajo para que esa enorme expectativa que crea no se desmorone, produciendo más frustración entre los guatemaltecos (as).
