Un juez federal en Ciudad de México condenó a once años de prisión a Erick Hazael Ramos Mendoza, alias «El Haza» o «El Gordo», por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022.
La sentencia, dictada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, lo responsabiliza de tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada, según informa vanguardia.com.mx.
La resolución se enmarca en un proceso judicial que ya ha generado doce condenas contra los responsables del ataque. Gómez Leyva, conductor de radio y televisión con amplia trayectoria en México, logró sobrevivir al atentado cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo blindado mientras regresaba a su domicilio en la capital.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República coordinó las investigaciones que permitieron la detención y el juicio contra los implicados.
Violencia contra periodistas en México
El caso de Gómez Leyva, por su alta notoriedad mediática, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y evidenció los altos riesgos que enfrentan los comunicadores en México. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), el país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. La organización ha señalado que «los ataques contra periodistas no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia e impunidad».
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) recordó que la mayoría de los crímenes contra la prensa en México permanecen sin resolver. «Aunque se logren condenas, como en este caso, lo alarmante es que la impunidad sigue siendo la regla general», apuntó la entidad en su último informe.
Reacciones internacionales
Amnistía Internacional valora que la sentencia contra uno de los sicarios «es un paso importante, pero insuficiente, si no se garantizan investigaciones que alcancen a los autores intelectuales de los ataques»
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también ha insistido en que el Estado mexicano debe adoptar medidas efectivas para proteger a periodistas, incluyendo mecanismos de prevención y sistemas de protección adecuados
Una sentencia con impacto simbólico
La condena a Ramos Mendoza refuerza la relevancia de la labor periodística y el reclamo de garantías de seguridad para quienes ejercen la profesión. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Gabo y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advierten que «el verdadero reto no está solo en procesar a sicarios, sino en desarticular las estructuras criminales y la corrupción que permiten estos ataques» .
El caso de Ciro Gómez Leyva, además de evidenciar la vulnerabilidad de los comunicadores, ha impulsado una mayor presión nacional e internacional para que México cumpla con los estándares de protección y justicia en materia de libertad de prensa.
En el conjunto de América Latina, la violencia contra periodistas sigue siendo alarmante. Según registros citados en Periodistas-ES, México y Brasil concentran la mayor parte de los asesinatos, mientras que países como Colombia, Honduras y Haití continúan siendo escenarios de graves agresiones y amenazas. La región se ha consolidado como una de las más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, pese a los marcos legales que reconocen la libertad de expresión como un derecho fundamental.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado que el patrón de impunidad en América Latina «mina la democracia y alienta nuevos ataques contra la prensa». Frente a ello, insisten en que los Estados deben garantizar mecanismos de protección eficaces y comprometerse a que las investigaciones lleguen hasta los autores intelectuales y las redes criminales detrás de cada atentado.
