Más de treinta organizaciones defensoras de los derechos humanos han suscrito una declaración en Londres para reclamar un tratado internacional que controle el comercio de los instrumentos de tortura, empleados en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra las personas, informa la IPS desde Shoreditch (Londres).
Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional (AI), una de las oenegés firmantes de la declaración, dijo que «durante demasiado tiempo, los Estados han ignorado el comercio con instrumentos de tortura que permite a empresas de todo el mundo beneficiarse del dolor y el sufrimiento humano».
Y agregó que «todos los Estados tienen la responsabilidad de actuar con decisión para poner bajo control este comercio, y esta declaración es un paso importante hacia la creación de un tratado internacional».
En la Declaración de Shoreditch, suscrita en ese barrio londinense, las ONG claman por un tratado para prohibir la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como porras con púas y dispositivos corporales de electrochoque.
También para que se introduzcan controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley de uso más habitual, como aerosoles de pimienta, balas de goma y esposas.
Esos artículos suelen utilizarse para cometer actos de tortura u otros malos tratos, que están terminantemente prohibidos por el derecho internacional.
En los últimos años, en todas las regiones se ha utilizado material -como gas lacrimógeno, balas de goma, porras e instrumentos de coerción- para intimidar, reprimir y castigar a manifestantes, defensores de derechos humanos y otras personas durante el control policial de las demostraciones y en los lugares de detención.
Miles de personas manifestantes han sufrido lesiones oculares derivadas del empleo indiscriminado de balas de goma, otras han sido alcanzadas por granadas de gas lacrimógeno, rociadas con dosis excesivas de sustancias químicas irritantes o golpeadas con porras.
Pese a ello, actualmente se carece de controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley, indicó la declaración.
Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recibió en mayo de 2022 un informe de un grupo de expertos sobre la materia, «tiene ahora una oportunidad histórica de votar para que comiencen las negociaciones sobre un tratado».
Simon Adams, presidente y director general del estadounidense Centro para las Víctimas de Tortura, sostuvo que «un tratado sobre el comercio sin tortura puede prevenirla, mediante la regulación y prohibición de la venta de los productos que se utilizan para infligir sufrimiento inimaginables».
«La tortura destruye la dignidad y la personalidad de las personas, y un tratado desempeñaría un papel decisivo a la hora de proteger la dignidad humana», dijo Alex Kigoye, director de programas del Centro Africano de Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura
La presión en favor de un tratado sobre el comercio sin tortura llega después de la aprobación en 2013 -por una mayoría abrumadora de los Estados de todo el mundo- del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Ese tratado «convirtió un mosaico de leyes y normas nacionales y regionales en controles mundiales destinados a poner fin a las transferencias que alimentaban violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos», observó AI.
La Declaración de Shoreditch concluye que «un régimen global de prohibición legalmente vinculante, y de control del comercio centrado en los derechos humanos, se debe establecer sobre el equipo de aplicación de la ley, para ayudar a prevenir la tortura y otros malos tratos, y combatir el abuso policial».
Entre las organizaciones firmantes de la declaración figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, el Observatorio Ciudadano de Chile, Dejusticia y Temblores de Colombia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
