«Cuando el gobierno sudanés intentó reprimir las manifestaciones democráticas retirando al país de Internet, la querella de un abogado, contra una de las compañías de telefonía móvil volvió a poner Sudán en línea desafiando al gobierno», publica Jina Moore, responsable de la sección de Africa del Este del diario New York Times, en el digital Rest of World, organización internacional de periodismo sin ánimo de lucro, dedicada especialmente a analizar la colisión entre tecnología, cultura y experiencia humana.
Los hechos han cumplido un año –aunque el tiempo no les resta interés- y el principal protagonista es un inteligente abogado sudanés que encontró el fallo legal que hizo posible devolver Internet «a una nación que aspira a la democracia».
A escala mundial –dice la autora del trabajo- los cortes de Internet y los bloqueos de las redes sociales orquestados por gobiernos dictatoriales o autoritarios, «se han multiplicado por siete desde 2015».
Según las cifras proporcionadas por Access Now –grupo internacional sin ánimo de lucro de defensa de los Derechos Humanos que defiende un Internet abierto y gratuito- y la coalición #keepiton (Internet sin Fronteras), la mayoría de los cortes se han producido en India, «donde limitar el acceso a la Red es desde hace mucho tiempo una herramienta política, Cachemira puede dar testimonio de ello». Tan solo en 2019, las perturbaciones totalizaron más de dieciocho mil horas en veintiún países, la mayoría de regímenes democráticos.
Pero uno de los cortes más drásticos de 2019 tuvo lugar en Sudán cuando, en el mes de abril, los generales dieron un golpe de estado derrocando al dictador Omar el-Bechir, quien llevaba más de treinta años en el poder. La Junta militar instaurada no calmó la protesta de los sudaneses que llevaban meses manifestándose, en la calle y online, reclamando un gobierno democrático.
El 3 de junio 2019, último día del Ramadán, los miembros de una milicia paramilitar disolvieron a la multitud con lanzallamas. Las víctimas grabaron con sus teléfonos móviles la masacre, que causó más de cien muertos y setecientos heridos, según Amnistía Internacional, y difundieron las imágenes por Facebook y WhatsApp.
Como represalia ante la fuga de información, el nuevo gobierno cortó Internet, Sudán desapareció de la Red mundial y los cuatro operadores telefónicos del país cesaron en su actividad.
Una semana más tarde, Abdelazim Hassan, abogado de empresas, denunció a su operador telefónico –Zain- por haber cambiado unilateralmente los términos del contrato, que precisaba que la empresa «se comprometía a servirle Internet siempre que pagara su factura mensual». Inesperadamente, la denuncia prosperó, la justicia dió la razón a Hassan y obligó a Zain a poner en marcha Internet el 23 de junio… solo para el querellante.
El 30 de junio, una marcha gigantesca obligó al régimen militar a aceptar una transición hacia un gobierno civil. El 9 de agosto, Hassan defendió y ganó en el Alto Tribunal de Justicia de Sudán un recurso colectivo: según la sentencia, la totalidad de operadores telefónicos debían restaurar Internet para sus clientes. Lo que sucedió ese mismo día.
Es difícil –dice la autora del trabajo- decir si los cortes de Internet son eficaces, si cumplen con los deseos de quienes los ordenan. «Lo que vemos habitualmente –explica Peter Micek, abogado – es que los gobiernos buscan desesperadamente formas de silenciar a los manifestantes y parar la información que les molesta o amenaza, durante las elecciones o en períodos políticos sensibles».
Un número creciente de conclusiones y resoluciones internacionales sostienen que las perturbaciones intencionadas de Internet violan el derecho internacional. Tanto el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (resolución A/HRC/RES/32/13) como la Asamblea General de la ONU, han adoptado por consenso resoluciones que condenan sin ambigüedad las restricciones a la libertad de expresión en línea.
Expertos de Naciones Unidas, la Organización para Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), han declarado que los cortes (kill switches) de Internet nunca pueden justificarse por el derecho internacional, ni siquiera en tiempos de conflicto.
