¿Se imaginan a un juez tratando de ahorrarse la pensión de sus hijos mediante el encarcelamiento de la madre? No se lo imaginen, porque ha sucedido. Yo conozco un caso aquí, en México.
El juez se llama Genaro Góngora Pimentel, tiene 76 años, se graduó como abogado en 1963 y se doctoró en 2006. En 1969 comenzó su carrera de funcionario desempeñando los siguientes cargos: secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; magistrado en varios Tribunales en Hermosillo, Sonora, ministro del máximo tribunal del país… y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este último cargo lo desempeñó hasta enero de 2003, fecha en la que se retiró como magistrado y se dedicó a la docencia.
Durante los 37 años que dedicó a la judicatura se distinguió por estar a favor del aborto y en contra de la cadena perpetua. El día de su despedida de la Corte convocó una rueda de prensa en donde aseguró estar preocupado por los altos índices de inseguridad en el que vivía la población y que México requería con urgencia un Plan Nacional que respondiera “verdaderamente” a los intereses de las mayorías. También abogó por rescatar el principio político de que la soberanía “reside y seguirá residiendo en el pueblo”. Es decir, parecía un tipo progre.
Esa es su trayectoria profesional. La personal es muy diferente. Casado “de toda la vida” con la misma mujer, con quien no tuvo descendencia, no fue óbice para mantener otras relaciones más o menos conocidas. En realidad estoy segura de que eran “totalmente conocidas”, porque tuvo dos hijos con la misma mujer, y no era la “legal”. No sé si ha habido más, pero estos dos niños fueron reconocidos por él, llevan sus apellidos. Se llaman David y Ulises, tienen 7 y 5 años, respectivamente, y padecen autismo.
Son fruto de su relación extramatrimonial con Ana María Orozco, quien, al romperse la relación comenzó a padecer un calvario: de vez en cuando no le pasaba la pensión (muy escasa, por cierto), no quería verla a ella, y tampoco a los niños. Un buen día, en 2011, Ana María le demanda y solicita una pensión más elevada. Una juez decide concederle el 35% del sueldo del magistrado. Aquí, el progre del jurista se debió agarrar un cabreo monumental, porque acto seguido la acusó de fraude, pues la casa que compró estaba registrada a nombre de la madre y no al de sus hijos.
En su defensa, Ana María señaló que ella puso la casa a su nombre pues él nunca la acompañó para hacer el trámite por el que quedaría a favor de los niños. El buen papá también añadió que la madre maltrataba a los pequeños. La “justicia” tardó 15 días en meter en la cárcel a la mujer, algo insólito en este país, en donde la indefensión judicial es el pan nuestro de cada día, y la presunción de inocencia ni existe. Entró en prisión en junio del año pasado y la acaban de soltar esta misma semana.
¿Qué ha pasado? Algo tan sencillo como que el caso fue denunciado por una periodista a primeros de mayo y se armó la marimorena (el noticiario de Carmen Aristegui en MVS Radio ) Todo el país se enteró de que el “excelentísimo” señor exministro, paradigma de los juristas progresistas de México, había utilizado sus influencias para meter en la cárcel a su expareja… con el fin de no pagar la pensión a sus hijos.
Ana María, desde la cárcel, se puso en contacto telefónico con Carmen, a quien contó la situación que estaba viviendo. La periodista tomó cartas en el asunto e invitó a Góngora a su programa de radio. Por supuesto, el juez declinó la invitación, pero escribió una carta de disculpa que Arístegui no dudó en hacer pública. En ella, le dice que no puede acudir al programa por “cuestiones de salud”, dada su “avanzada edad”, niega que “las cosas” sean como el abogado de Ana María y su familia dicen y asegura que en su momento se dejó llevar por las “emociones de desconcierto” (ese debe ser el motivo por el que la metió en la cárcel) y que jamás ha faltado a su deber de padre. No faltará a sus “deberes”, pero no se entiende qué considera “deberes” si, ni ve a los niños, ni le interesa que vivan lo mejor posible. Respecto a su expareja dice que existieron una serie de “motivos y causas” que le impelieron a proceder por la vía legal, porque siempre ha sido partidario (no se lo pierdan) “de la justicia, de las causas sociales” y que, como ministro siempre se opuso a “encubrir y solapar causas injustas”, asegurando que es un “opositor a la corrupción y al tráfico de influencias”. Aquí, la justicia es tan lenta, que encarcelar a alguien en un plazo de tiempo ridículo solamente se puede hacer si tienes “influencias”, pueden estar seguros.
La carta termina pidiendo disculpas a Ana María y a sus hijos y asegurando que apoyará a la “autoridad ministerial” para que la madre “se reincorpore al hogar”. Si no ha procedido de forma incorrecta, si tan buen padre es, si tan justo se considera, no entiendo que tenga que pedir disculpas. Por suerte, el pasado día 7 esta mujer dejó la “casa” donde ha estado viviendo el último año: la cárcel. Dice que no va a demandar a su ex, para no hacer más daño a sus hijos. Más bien será porque Góngora puede hacerle mucho más daño, y sin pestañear.
Un “pobre” padre
Góngora, quien percibe una pensión mensual equivalente a 20.600 euros y otros 1.000 como profesor titular de la UNAM (Universidad Nacional), solicitó que no se contemplara en la cantidad que debía pasar el concepto de actividades lúdicas para sus hijos, “ya que por su edad y su propia enfermedad, mis dos hijos se ven imposibilitados para divertirse”. Esos argumentos fueron parte del alegato que presentó para impugnar la decisión de la juez. Él consideraba que para su educación sólo eran necesarios alrededor de 753 euros y nos los 7.147, como mínimo, que estimaba la juez al imponerle el pago del 35% de sus ingresos.
El jurista argumentó que la zona donde vivían los niños con su madre está ubicada en una zona popular de un “estatus social medio bajo”, y, por lo tanto, parece que, en su opinión, tanto los niños como la madre deben vivir acorde con el lugar. Eso lo argumenta un señor-padre de “clase alta” y se refiere a sus propios hijos! Un señor-juez que ha estado 37 años impartiendo justicia! ¿Qué clase de justicia ha podido dictar a desconocidos si es incapaz de ser justo con su progenie?
Góngora ha sido muy criticado, lógicamente, y yo diría que hasta se ha cargado su carrera. La senadora Angélica de la Peña, escribía hace unos días un artículo en Animal Político en el cual ponía en entredicho su supuesta buena voluntad, expresada en la carta que envió Carmen Aristegui. La senadora dice no creerse absolutamente nada de los que dice, le acusa de machista, de tener mala voluntad, de prevaricar, etc. etc. y critica la elevada pensión vitalicia de que disfruta, que, opina, se debería revisar.
De todas formas, pienso que aquí, tanto los políticos como los cargos importes tiene un grave problema con sus afectos y paternidades. En realidad lo tienen casi todos los mexicanos, porque una vez que se divorcian suelen hacerlo de sus parejas y de los hijos. El que contribuye económicamente a mantener a los niños es casi como una “rara avis”. Un ejemplo es el diputado Fernando Belaunzarán, quien tiene dos hijos que no reconoce, según ha contado recientemente Alfredo Jalife.
