Una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, inédita en Cuba, brindará derechos a la ciudadanía a la hora de reclamar información a las instituciones gubernamentales, tras décadas de desamparo legal ante el secretismo y los vacíos comunicacionales, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
Aprobada en julio 2024 durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, la norma regula la transparencia y el derecho a la información pública, bajo principios de calidad, celeridad, gratuidad, inclusión y no discriminación, publicidad y responsabilidad.
La nueva ley de transparencia, que entrará en vigor en enero de 2025, «tributará a la reducción de la corrupción administrativa y el soborno, a crear instituciones eficaces y transparentes, así como a proteger las libertades fundamentales»., apuntó el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez, ante el plenario del cuerpo legislativo.
«Se estaba esperando desde hace muchos años. Cualquier información debería ser transparente. Es lo ideal»., dijo a IPS la informática Claudia Hernández, de 55 años.
Además de estipular las garantías del derecho a las personas de solicitar y recibir del Estado información «veraz, objetiva y oportuna»., la nueva legislación también obligaría a las entidades rendir cuentas de sus funciones públicas, sin que medie una solicitud.
Asimismo, considera excepciones para el acceso ciudadano la información clasificada o limitada y hechos que, de divulgarse, «constituyan un daño, peligro, afectación o violación». para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medioambiente.
Especialistas concuerdan en que, a través de la implementación de políticas y marcos normativos y el uso de tecnologías de la información y la comunicación, es posible avanzar hacia una mayor transparencia gubernamental y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Plaza sitiada
«Mi experiencia ha sido complicada, sobre todo cuando uno toca temas sensibles para el Estado. Hay muchas trabas para acceder a información que debería ser de dominio público»., comentó a IPS el periodista cubano Israel Leyva, de veintiocho años.
Agregó que en muchas ocasiones fuentes oficiales le negaron información porque simplemente no la tenían. «A veces no las manejan ni están preparados para ello», dijo.
En este país rige un modelo socialista y de partido único, el Partido Comunista de Cuba (PCC), con una economía en la que los medios fundamentales de producción pertenecen al Estado, y ha habido un incremento de actores privados e inversión extranjera en la economía en los últimos años.
En el caso de los medios de comunicación, los de mayor circulación (de organizaciones políticas y sociales) se subordinan al PCC y coexisten con otros del Estado. También han proliferado algunos medios autodenominados independientes que no tienen respaldo legal en el país, y están acreditadas agencias y otras publicaciones internacionales.
La ley de transparencia llegó a esta la nación insular caribeña cuando el debate sobre la función y el deber de los medios de comunicación alcanzaba un punto álgido, un año después de haberse aprobado, también sin precedentes, la Ley de Comunicación Social.
El expresidente Raúl Castro (2006-2018) describió parte de la raíz del problema al enunciar en 2010 que era preciso «poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de cincuenta años de cerco enemigo».
De acuerdo a Carlos Fernández, teórico de la comunicación y profesor en la Universidad de La Habana desde hace diez años, uno de los problemas que ha imposibilitado la transparencia de la información pública es la concepción de «plaza sitiada», en la que toda información puede ser usada en contra por el enemigo, en este caso Estados Unidos con su política hostil hacia la isla.
«Cuba ha concebido su aparato institucional de comunicación pública bajo ese concepto, que va en detrimento de la participación ciudadana. Lo más coherente para el proyecto socialista es una ciudadanía activa, con criterios, e involucrada en los procesos políticos. La participación ciudadana necesita información», arguyó en diálogo con IPS.
Por su parte, la informática Hernández consideró que la apertura informativa comenzó a notarse en 2018, con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. «Hace años, la transparencia era casi nula. Y todavía hoy no es todo lo transparente que se quisiera»., dijo.
La Constitución vigente desde 2019 cambió un poco esa tendencia con su artículo 53: «Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna».
La ley fundamental dejó previsto en el cronograma legislativo que una ley de transparencia se presentara ante el parlamento en julio de 2021, pero fue aplazada en varias ocasiones, aunque desde 2018 una comisión se encontrara elaborándola con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
De acuerdo a fuentes oficiales, para la formulación de la norma se hizo un estudio comparado de 123 leyes relacionadas en el mundo.
En América Latina y el Caribe, veintiocho países cuentan con ese tipo de legislación, entre los cuales están Chile, con la Ley de Transparencia sobre Acceso a la Información Pública emitida en 2008, y México con la Ley General de Transparencia, vigente desde 2016.
Desafíos de la ley
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo diecinueve, reconoce como un derecho de la ciudadanía solicitar información pública y obtener una respuesta en un tiempo razonable, en la medida que dicha información no sea reservada o tenga alguna excepción establecida por la ley.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por su parte, resalta varios estándares de transparencia para esas legislaciones; por ejemplo, la información debe ser gratuita y libre para su reutilización.
En el caso de la ley de transparencia cubana, ese tema ha causado ciertas controversias, pues su artículo quince estipula que: «El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción, digitalización, búsqueda o servicio especializado; en este caso, los costos corren a cargo del solicitante y están sujetos a las tarifas aprobadas por los sujetos obligados y las disponibilidades existentes al momento de la solicitud».
En cierta medida, si las instituciones obligadas a rendir cuentas de sus actividades no lograran satisfacer la demanda informativa de las personas con sus propias investigaciones y publicaciones, la ciudadanía deberá pagar por ese conocimiento «extra».
Otro estándar de la Cepal recae en la existencia de un organismo independiente que deba revisar el cumplimiento de una ley de transparencia, decida sobre las denuncias de los ciudadanos y esté facultado para ordenar medidas apropiadas e imponer sanciones a otras entidades.
En México, por ejemplo, existe el Instituto Nacional de Transparencia y en Chile, el Consejo para la Transparencia.
En Cuba va a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente el garante de la ley de transparencia, que cumple a la vez otras funciones ministeriales y, en teoría, deberá también rendir cuentas por estas.
Algunos analistas de temas legales consideran que, bajo esa lógica, la entidad no sería adecuada para arbitrar en tales cuestiones, además de que no se define en la nueva legislación cuáles son las facultades concretas que puede tener.
El investigador Fernández opinó que, más que crear una nueva institución que siga vilipendiando los fondos empobrecidos del Estado, se deberían hacer valer las estructuras ya creadas.
No obstante, añadió que como garante sería más adecuado el Instituto de Información y Comunicación Social, recién creado en mayo de 2023.
«Pero hoy este todavía no cumple sus funciones. Está más preocupado por administrar la prensa que por establecer políticas públicas en cuanto a información y comunicación», dijo.
En cualquier caso, el gran desafío para volver efectiva la nueva norma legal exige un redimensionamiento de los aparatos de comunicación cubanos, hoy apuntalados sobre medios públicos fundamentalmente y con la orientación ideológica del PCC, que es el único legal en el país.
«Por muy buena que esté la ley, no llegará feliz término sin cambiar los modelos de gestión de la prensa en Cuba, los cuales tienen que transitar obligatoriamente por un nivel de autonomía mayor para que la prensa haga un servicio público y se deba a la población», sentenció Fernández.
