El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de México informa de la detención arbitraria de varias personas de la Parroquia de Pueblo Nuevo Solistahuacán que, en cooperación con la misión de Franciscanos, defienden los derechos de los migrantes en la zona, sometidos a abusos y violaciones de sus derechos por parte de la policía estatal y funcionarios migratorios.
Según la información recibida, el 24 de junio de 2014 Braulio Gómez Gómez, fue detenido arbitrariamente junto a José Luis Pérez Pérez, Juan Carlos Pérez Pérez, Mario Pérez Pérez y Roberto Pérez, cuando se dirigían a su domicilio ubicado en la comunidad indígena de la Planada, en Pueblo Nuevo, Chiapas. Los cinco fueron interceptados por policías estatales y del ejército y posteriormente fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate (CERSS No. 14). Las autoridades no comunicaron en ningún momento a los detenidos los motivos de su detención.
Según la misma información, Braulio Gómez Gómez fue golpeado e intimidado mientras estuvo detenido por parte de los policías estatales, y se le comunicó que dichos golpes eran para Fray Blas Alvarado, el fundador del albergue de migrantes conocido como la 72 en Tenosique, Tabasco y organizador de repetidas marchas en defensa de los derechos de dichos migrantes.
Tras la presión y denuncias de organizaciones civiles de la región, así como del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa y de Fray Blas Alvarado, ante la Fiscalía Especializada de Protección a los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, los detenidos fueron liberadas alrededor de las 22:30 horas del mismo 24 de junio de 2014.
Hasta la fecha no se ha dado ninguna justificación para la detención, que se produjo después de que esas cinco personas participaran días antes en una marcha organizada por párrocos franciscanos que empezó en Jotitol y finalizó en Bochil, contra la tala de la Selva Negra y por la cancelación de megaproyectos mineros, así como el respeto de los derechos de los migrantes. Durante la marcha, se pudieron observar actos de hostigamiento y vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Gobierno, policías estatales y del ejército.
El Observatorio insta a las autoridades competentes a proceder con celeridad a una investigación independiente e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, para identificar, juzgar y condenar, en su caso, a los responsables.
