Este 25 de junio, se cumplieron 20 años desde la histórica Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptada en 1993. Este texto fundamental para la comunidad internacional y para las organizaciones que defienden los derechos humanos fue el primero en la historia en establecer el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos entre sí, superando la (falsa) dicotomía consagrada en 1966 en el marco de las Naciones Unidas entre los llamados derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos, sociales y culturales.
El punto 5 de la Declaración establece que: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sin lugar a dudas se trata de un desafío mundial que 20 años después sigue manteniéndose como tal: el sonrojo debería ser casi tan universal como el valor universal de los derechos humanos. El movimiento reciente de los “indignados” en todo el mundo iniciado con la consigna lanzada por un joven nonagenario, Stéphane Hessel en el 2010 (quién fuera asesor de René Cassin, coautor de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948) es tan solo un leve rubor de la sensación de injusticia, aunada a la insensatez y avidez de unos que confluyen en un irrespeto de los derechos humanos de la mayoría.
La situación de los derechos humanos en el hemisferio americano:
La región latinoamericana se ha esforzado por ir paulatinamente superando regímenes autoritarios de los años 80 por regímenes democráticos resultado de elecciones periódicas, realizadas en condiciones aceptables. Pese a algunas tendencias autoritarias frenadas aquí y allá en los años 90 y 2000, y a “sustituciones” de Presidentes en ejercicio por golpes de Estado reconvertidos a legalidad de dudosa legitimidad, América Latina puede considerarse en términos generales – que siempre incluyen alguna que otra excepción- como representada por regímenes democráticos. No obstante, también se ha afirmado como la región más desigual del planeta. Desde los años 90, el acento puesto en los derechos civiles y políticos ha sido acompañado por una apertura al comercio mundial que ha hecho a un lado los derechos sociales (relegados a simples proclamas de buenas intenciones, salvo contadas excepciones). Son sólo algunos Estados los que, paralelamente al afianzamiento de sus instituciones en materia electoral, o judicial, han hecho intentos para redistribuir los ingresos generados por la globalización de su economía y con miras a obtener algunos logros notables en la reducción de la pobreza, en la mejora sustancial de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y de zonas urbano-marginales, y en la protección de un recurso tan estratégico como lo es el agua; mientras tanto, otros Estados siguen enfrascados en un modelo de desarrollo poco inclusivo que genera riqueza para unos pocos en detrimento de la gran mayoría. Parte de esta riqueza proviene a veces de un sistema de explotación laboral ante el que las entidades estatales se muestran extrañamente inoperantes; o bien de actividades extractivas con un alto riesgo ambiental (exponiendo así a comunidades, y hasta a regiones enteras a desastres ambientales) que terminan afectando a los más necesitados, y a mediano y largo plazo, a las finanzas de todo un país. La protección de las poblaciones indígenas de alguna manera ilustra esta situación, en la medida en que es en sus territorios en los que se ubican los yacimientos minerales y petrolíferos de mayor interés que quedan por explotar; y en la medida en que los bosques en los que se ubican estas poblaciones coinciden a veces con los bosques mejor protegidos sometidos a fuertes presiones. Lo mismo en relación a las cuencas mejor resguardas que ahora resultan ser las de mayor atractivo y potencial hidroeléctrico. En el año 2008, el Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagró jurídicamente la igualdad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, al permitir su exigibilidad ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es notable que 5 de los 10 primeros Estados en ratificarlo para permitir su entrada en vigor el pasado mes de mayo del 2013 fueran de la región latinoamericana (la décima ratificación de Uruguay se unió a las hechas previamente por Argentina, Bolivia, Ecuador y El Salvador, las cuales se sumaron a las de Bosnia-Herzegovina, Mongolia, España, Eslovaquia y Portugal).
El caso de Costa Rica
El notable deterioro de su Indice de Desarrollo Humano (IDH) desde mediados de los años 2000 es un síntoma elocuente de lo apuntado anteriormente: del puesto 48 (años 2006 y 2007), paso al puesto 50 (2008), 54 (2009), 62 (2010) y 69 (2011) según reporta el último informe del Estado de la Nación (XVIII, Informe, 2012, p. 363). Esta entidad es contundente en su último informe: una riqueza mal distribuida que impacta de manera general al país como tal y un uso insostenible de su territorio con efectos negativos que impactan el ambiente. El acento puesto por la apertura comercial, la (engañosa) percepción de algunos decisores de considerar que los derechos humanos son asociados a luchas sociales en contra del la globalización explican posiblemente que para la conmemoración de los 40 años del Pacto de San José (el 22 de noviembre del 2009), este pasara totalmente desapercibido por parte de las autoridades nacionales. En octubre del 2010 se oyó incluso un discurso presidencial instigando a luchar contra ecologistas (y que a la fecha no ha dado lugar a rectificación alguna). En relación al motor de la onda democratizadora en América Latina de los años 90, un acto oficial, simbólico, inclusive una simple estampilla alegórica editada por Correos de Costa Rica no hubiese hecho ningún daño: hubiese por el contrario permitido conmemorar dignamente la gesta política y diplomática que significó su adopción en 1969 por parte del hemisferio americano en la capital de Costa Rica.
La base de la profundización del modelo democrático
Desde una perspectiva integral e interdivisible como la establecida por la Declaración de Viena (y no “a la carta” como algunos Estados lo pretenden, exhibiendo sus logros en unos ámbitos y opacando datos sobre muchos otros), los derechos humanos constituyen la base para la profundización del modelo democrático. Las discusiones recientes en relación al acceso al agua como un derecho humano, al atraso (significativo) de Costa Rica para implementar las recomendaciones –varias de ellas urgentes – hechas en junio del 2009 por la Relatora de Naciones Unidas sobre Agua, Derechos Humanos y Saneamiento, el atraso (aún más significativo) en relación a las recomendaciones hechas por el Comité sobre Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, la diversas recomendaciones de la OIT en relación a la necesidad de reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de los trabajadores (en particular en las zonas rurales y en las industrias agroalimentarias como piña, banano y naranja); o, más recientemente el debate sobre la Fecundación in Vitro y el triste espectáculo exhibido por la Asamblea Legislativa en relación al tema de los derechos de parejas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa; así como la lancinante amenaza que pesa sobre poblaciones como las de Gandoca-Manzanillo debido a la orden de demolición de sus viviendas; o bien el reciente llamado a las Naciones Unidas y a la OEA realizado por la Defensoría de los Habitantes en relación a las actuales condiciones imperantes en los centros de privación de libertad, son, entre muchos otros temas, una elocuente muestra de una agenda en materia de derechos humanos que se ha visto suspendida desde muchos años para ciertos sectores. Vale la pena indicar al respecto desde ya que la deuda que Costa Rica viene arrastrando en varias álgidas materias de los derechos humanos (por inacción, negligencia o desidia del apartado estatal) ineludiblemente terminará en los estrados internacionales de derechos humanos.
