Las más recientes acciones operadas desde el Congreso de la Unión, y más específicamente desde el Senado de la República, con el fin de anular todos los dientes a la futura Ley General de Transparencia, no son sino una más de las maniobras de los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM), de protegerse ahora que se encuentran en el poder.
Manuel Velasco (izda.) aspira a suceder a Peña Nieto en 2018.Estos movimientos sólo demuestran a la ciudadanía informada que la Casa Blanca «de la esposa del presidente» Enrique Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec, la oficina del mandatario en la misma zona de la Ciudad de México, y la casa de descanso del secretario de Hacienda (Luis Videgaray) en el pueblo mágico de Malinalco (Estado de México), son sólo la punta del iceberg de la gran corrupción existente en el actual gabinete del Gobierno de México, y todo lo que arrastran quienes pretenden llegar a gobernar al país en 2018 y lo que resulte cuando lleguen al poder.
Se presume en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el gobierno de México está estructurado por los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno vela porque haya los equilibrios suficientes para darle viabilidad al país y llevarlo a un tránsito sin sobresaltos dentro de una coherencia democrática. Es decir, cada uno es vigilante de los otros dos, y tiene mecanismos para frenar el probable desvío de sus funciones y responsabilidades.
Sin embargo, en la práctica y desde hace muchos años, la forma como se ejerce el poder en México es todo lo contrario a lo que está escrito en la llamada Carta Magna. Funcionarios del poder ejecutivo, desde el Presidente y todos sus colaboradores de los primeros niveles -y desgraciadamente la gran mayoría de los burócratas, salvo honrosas excepciones-, los legisladores y miembros del poder judicial se han convertido en una gran organización perfectamente estructurada para saquear las riquezas del país con la mayor impunidad y ya no en lo oscurito, sino frente a los propios ciudadanos.
Sus armas son los cargos de autoridad que los propios ciudadanos, la mayoría cargados de necesidad, les dieron a cambio de cantidades que van de los 300 a los 1200 pesos (entre 17,50 y 70 euros) el día de la elección. Esa compra -votos ganados dicen ellos, y los presumen- les da el derecho de hacer y torcer la ley para su propio beneficio y el de sus «grupos políticos».
Instrumento para la ilegalidad
Esta semana debe quedar listo el dictamen de la Ley General de Transparencia, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y los legisladores del PRI y del PVEM —que pretende llegar a la presidencia de la República con el adelantado gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello— han maniobrado para diluirla. Y de ser un documento que permita el avance de la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas, el bodrio que preparan será un instrumento para la ilegalidad, la corrupción, la opacidad y, sobre todo, un estímulo para usos ilegítimos de las funciones del Estado.
Llaman especialmente la atención temas como el empeño de estos sujetos interesados por eliminar la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada, pero de especial interés público, relacionada con violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos, o del derecho internacional humanitario. O sea, casi nada. Así como el tema de los fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda y el Fondo Mexicano del Petróleo.
Expertos en la simulación, desde la Presidencia de la República y los dos partidos antes señalados, arreciaron su presión a quienes elaboraron la propuesta, como fueron senadores, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia como Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate. A través de estas presiones, PRI y PVEM plantearon más de 80 modificaciones al borrador, que son consideradas como “regresivas”.
Ley opaca
Es decir, que desde el Congreso de la Unión, desde el poder legislativo, y en unión con el ejecutivo, están generando una ley opaca, más para la simulación que para el efectivo y transparente proceso de rendición de cuentas que debe albergar en toda democracia que se precie de serlo.
Ni se diga del Poder Judicial, donde nada que vaya en contra de los grupos de poder pasa para beneficio de la población. Ahí generalmente se encuentra un dique que, mediante el manejo de la ley, apuntala los intereses de los poderosos y la economía de jueces, magistrados y ministros.
Pero no sólo en la Ley Federal de Transparencia se observa el retroceso. El lunes, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, denunció públicamente a los consejeros electorales Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Adriana Favela, Benito Nacif, Javier Santiago y Enrique Andrade, por haberse conformado como un bloque mayoritario en el pleno del Instituto Nacional de Elecciones (INE), cuyas decisiones han sido favorables al PRI y al verde PVEM; sobre todo a éste último, con su publicidad engañosa a lo largo y ancho del país, porque ya preparan al chiapaneco Velasco para la presidencia en 2018.
El representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa y el consejero legislativo, Javier Corral, junto con los representantes de cinco partidos más, se salieron de la sesión extraordinaria del miércoles 18 porque el bloque aplazó para esta semana la discusión de dos temas que tienen que ver con las normas reglamentarias de imparcialidad, y que los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación.
De este tamaño es la colusión mediante la cual estos grupos se roban el poder y se apoderan del país y de sus recursos, como es el petróleo, como lo será la electricidad y, más adelante, el agua.
