Tanto la patronal del sector de atención a la dependencia como asociaciones de personas mayores, han firmado un manifiesto conjuntos, promovido por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP) para pedir al gobierno central y a los grupos parlamentarios, la inclusión en los presupuestos generales del estado, (PGE), la equiparación del IVA que pagan los mayores en el sector de la dependencia.
Actualmente en España existen dos tipos de IVA diferenciados por el mismo servicio, dependiendo de si la financiación es mayormente pública o privada. Esta situación es del todo injusta para los mayores dependientes que además necesitan de atención y asistencia profesional y no pueden acceder al sistema público.
Los firmantes han calificado como insuficientes las medidas y las propuestas de enmiendas que han presentado tanto el PP como el PSOE en relación a la Ley de Dependencia, y consideran que todavía existe un margen suficiente como para poder aprobar esta medida para ayudar a los 310.000 dependientes españoles que no cumplen con los criterios para recibir una prestación y por tanto, no la reciben por estar en lista de espera.
La proposición del partido popular supone reducir el IVA al 4 % solo para aquellos mayores que actualmente disfruten de una prestación económica vinculada al servicio, siempre y cuando esta cubra el 33 % del importe del mismo. Esta medida insuficiente e injusta, deja fuera a más del 70 % de las personas que están ocupando una plaza en una residencia privada con o sin prestación.
CEAP afirma que esta medida es muy complicada de aplicar, teniendo en cuenta que en España tenemos 17 sistemas de atención a la dependencia y que cada comunidad tiene su propio sistema de valoración y adjudicación de la prestación económica vinculada al servicio al que habría que añadir las distintas intensidades de ayudas que tienen los beneficiarios en virtud de su situación.
Asimismo la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista solamente beneficiaría a los dependientes de la lista oficial de espera, para recibir servicios y prestaciones del sistema de dependencia y de esta forma, quedarían fuera el resto de las personas que están inmersas en los procesos de valoración o que actualmente contraten por necesidad servicios asistenciales de naturaleza privada.
Esto supondría también que dos personas con la misma situación en dos comunidades distintas pueden tener resultados diferentes y uno abonaría el 4 % y el otro, el 10 %. La equiparación del IVA que pagan los mayores y dependendientes supondría un ahorro estimado de más de cien euros mensuales y más de mil doscientos anuales por persona, y lo más importante, se haría justicia social, hacia un colectivo vulnerable, segun cita Pascual, presidenta de Ceap.
Igualar el IVA beneficiaría a más 200.000 personas mayores que actualmente son usuarias de una plaza residencial privada”, afirma Pascual. De esta medida también se beneficiarán “las miles de personas mayores usuarias de centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados”. Asimismo, subraya, “mejoraría la actividad económica y el empleo de este sector estratégico para el Estado de bienestar”
Desde el círculo empresarial de atención a las personas recuerdad que el acceso a un servicio profesional es un derecho reconocido por la ley 349/2006 (LAPAD) y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando este se ve obligado por circunstancias a contratar un servicio privado. Esta medida también conlleva beneficios para el estado y un incremento de la recaudación prevista de 170 millones de euros anuales en concepto de impuestos y la reducción del paro dado que se tendrían que contratar nuevos trabajadores para la atención de los centros asistenciales.
Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho y advierten desde CEAP que el número de personas mayores de 85 años va a crecer un 155 % hasta 2050.
Los firmantes de dicho manifiesto son: Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), la Federación de Jubilado de Cajas de Ahorro, la Asociación de Veteranos de RTVE, la Fundación Edad & Vida; la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Consejo Español para las Personas con Discapacidad y Dependencia (Ceddd), así como otras muchas asociaciones autonómicas y provinciales.
