En riesgo los avances en derechos sexuales y reproductivos en México
Los avances de los derechos sexuales y reproductivos en el Distrito Federal, tanto en materia de acceso al aborto legal como en diversidad sexual quedarían en peligro de aprobarse el Código Único de Procedimientos Penales para todo el país, propuesto por la administración de Enrique Peña Nieto, sentenció Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al inicio del seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres”, se abrió la discusión sobre los derechos de las mujeres y las deudas pendientes del Estado. En ese sentido, la directora de Equidad y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Adriana Ortega Ortiz, consideró que un código de procedimientos penales para todo el país no puede poner en riesgo la legalidad del aborto donde ya fue establecido.
«Mientras que una sola mujer no goce de sus derechos, no podemos hablar de derecho de la humanidad», aseguró Gabriela Delgado Ballesteros. «El concepto de derechos humanos está vacío», lamentó en el panel «Las deudas pendientes del Estado mexicano frente a los derechos humanos de las mujeres» al considerar que vivimos una crisis estructural generalizada por lo que sólo un cambio estructural revertirá la violación a los derechos.
Los derechos de las mujeres «hoy están amenazados», dijo previamente Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organizadora del Seminario que recuerda a los Estados «Ya es tiempo, ya es hora» de cumplir con los reiterados compromisos contra la violencia de género, el feminicidio y las muertes maternas –incluido el aborto.
La abogada paraguaya agregó durante la inauguración que para las 60 organizaciones latinoamericanas que se suman a las campañas de Cladem es preocupante la criminalización de las mujeres que abortan, y de las defensoras de derechos humanos pese a que hay mejores legislaciones en la región.
Mientras que la mexicana Guadalupe Ramos Ponce, representante nacional de CLADEM puso sobre la mesa las desapariciones de personas, en especial de niñas y mujeres en este seminario que se desarrollará en el Palacio de Minería de esta ciudad, a partir de este martes y hasta el viernes 10 de mayo.
Reiteró a las especialistas de 15 países aquí reunidas que «no es lo mismo nacer mujer en la ciudad de México en donde en ejercicio pleno de su ciudadanía las mujeres pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, con la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado» a las implicaciones distintas de ser indígena, lesbiana, negra, si se nace en el sur o en el norte.
La teórica feminista Rosa Cobo coincidió durante su ponencia que hay una crisis general que se expresa de dos formas «que nos afectan a las mujeres y nos hablan de una crisis: una es el contrato sexual y otra el contrato social. El segundo es más fácil verlo», dijo. Pero nunca había ocurrido, en el contrato sexual que las mujeres pudieran decir que no a un hombre, por lo menos en determinados grupos sociales.
Planteó si las nuevas formas de violencia extrema pudiera explicarse paralelamente a la búsqueda de derechos. El hecho es que hay una explosión de violencia íntima y la agresión de grupos masculinos vinculados al conflicto armado u organizaciones criminales está tomando una significación cualitativa y cuantitativa diferente a los patrones de violencia anteriores.
El objetivo de este encuentro es la discusión a fondo de las estrategias de las redes feministas para hacer incidencia frente a las deudas pendientes de los Estados. Este miércoles continuará con las participaciones de las representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamerica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde 2002.
