Trece muertos, decenas de heridos, unos 500 detenidos, denuncias de tortura, de represión ilegal de fuerzas de seguridad y grupos irregulares y de agresiones a la prensa, marcan las dos semanas de confrontación política en las calles de más de 30 ciudades de Venezuela, informa Humberto Márquez (IPS) desde Caracas.
El Estado «ha tirado a la basura los principios básicos de (la Organización de las) Naciones Unidas sobre uso de la fuerza y de armas de fuego (aprobados en La Habana en 1990), con el desdén de sus órganos controladores, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo», dijo a IPS el coordinador de la organización humanitaria Provea, Marino Alvarado.
Según testimonios, investigaciones de prensa y vídeos que circulan en las redes sociales, varios manifestantes murieron por disparos de policías vestidos de civil, de grupos violentos que interceptaron manifestaciones, o por descargas de perdigones supuestamente lanzadas por efectivos de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana.
Uno de los últimos, este lunes 24 por la mañana, fue Jimmy Vargas, de 34 años, quien cayó del segundo piso de un edificio atacado supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional con perdigones y bombas lacrimógenas en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en el sudoeste andino fronterizo con Colombia.
El domingo murió un ingeniero de sistemas, Alejandro Márquez, víctima de una golpiza propinada presuntamente por guardias nacionales cuando registraba con su teléfono móvil incidentes junto a una barricada en una zona céntrica de Caracas.
Entre los muertos se cuentan también víctimas del vandalismo de grupos de manifestantes.
El viernes 21 falleció el trabajador de un supermercado Elvis Durán, de 29 años, cuando regresaba a su casa conduciendo una motocicleta y chocó con un cable de alambre colocado al parecer por opositores a la entrada de la calle donde residía.
En Valencia, urbe industrial al oeste de Caracas, se denunció entre jóvenes torturados que a uno de ellos, Juan Carrasco, le introdujeron el cañón de un fusil en el recto. «Mi hijo fue vejado, violado, humillado por los de uniforme verde. Le destrozaron la vida a él y a otros muchachos», deploró su madre, Rebeca González de Carrasco.
La joven Geraldine Moreno Orozco murió por perdigones disparados a quemarropa en su rostro, después de que ya estaba derribada por una primera andanada.
En varias ciudades hubo denuncias de que a jóvenes detenidos los rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlos, o que fueron torturados con bastones eléctricos. Las denuncias también se refieren a agentes de seguridad arrojando bombas lacrimógenas dentro de viviendas.
Los primeros manifestantes abatidos, al cabo de una marcha en Caracas el día 12, cayeron en una balacera en la que actuaron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (policía política) que desobedecieron una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo al mandatario, 30 personas han muerto porque las «guarimbas» (refugios resultantes de las barricadas) les han impedido recibir atención médica oportuna.
Entidades de juristas, como el Foro Penal Venezolano y la Fundación para los Derechos y la Equidad, acopian denuncias para presentar a instancias internacionales. «Responsables del gobierno pueden ser acusados por delitos de lesa humanidad», dijo a IPS la abogada Elenis Rodríguez.
La ola de manifestaciones se inició el 6 de febrero en la capital de Táchira con estudiantes que protestaban contra la delincuencia, pues en su universidad una alumna estuvo a punto de ser violada por asaltantes.
La protesta fue disuelta y dio origen a una mayor, contra la represión, en la que algunos exaltados arrojaron piedras a la residencia del gobernador de la región, José Vielma, militar retirado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
A tres jóvenes aprehendidos se les abrió juicio y se los envió a una prisión en la noroccidental ciudad de Coro. Las protestas estudiantiles se extendieron entonces como reguero de pólvora a otras ciudades en demanda de su libertad, y en los Andes fueron acompañadas por miles de vecinos, en solidaridad.
El 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela y fecha del bicentenario de una batalla de la guerra de independencia, movimientos estudiantiles prepararon marchas en todo el país, y un sector crítico de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, encabezado por el dirigente Leopoldo López, llamó a reclamar «la salida» del gobierno de Maduro.
Se produjeron grandes movilizaciones, encabezadas por jóvenes y sectores de clase media cuyo sustrato, coinciden analistas políticos, es el descontento por las erráticas políticas del gobierno ante la escasez de productos básicos, la inflación y el auge de la criminalidad.
Aunque el grueso de las demostraciones son pacíficas, algunas se acompañan de pedreas, improvisación de barricadas con desechos a los que se prende fuego en calles y avenidas y otros actos vandálicos.
El gobierno ordenó arrestar al dirigente opositor López, del pequeño partido centroderechista Voluntad Popular, acusándolo de instigar los desórdenes al llamar a propiciar «La Salida», mediante la toma de las calles, y este se entregó a la cabeza de una multitudinaria concentración en Caracas.
Mientras, al estado de Táchira se enviaron aviones de combate y helicópteros militares que sobrevolaron las manifestaciones callejeras, así como un batallón de paracaidistas para despejar los accesos a San Cristóbal.
Un elemento nuevo ha sido la irrupción de «colectivos» armados, grupos irregulares que se desplazan principalmente a bordo de motocicletas y que actúan tanto para confrontar a los manifestantes como para castigar residencias en zonas opositoras de ciudades como Caracas y Mérida (suroeste), con disparos y destrozos a vehículos y ventanales.
Para Alvarado se trata de «paramilitares de izquierda», que se amparan en el trabajo social en barriadas de Caracas y otras ciudades para ejercer la violencia en favor del gobierno. Maduro advirtió contra «la demonización de los colectivos», a los que elogió en distintos actos.
No todos los colectivos chavistas o revolucionarios, como se llama a grupos oficialistas y seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) están armados y ejercen la violencia.
Luis Cedeño, de la organización no gubernamental sobre seguridad Paz Activa, dijo a IPS que «bandas parapoliciales, que en ausencia del Estado controlan ciertos espacios urbanos, se autodenominan colectivos y actúan como un brazo armado del oficialismo para así obtener cierta legitimidad e impunidad».
El desarme y disolución de estos colectivos se han convertido en una consigna opositora.
Ante ese panorama, Alvarado criticó que «la Fiscalía y la Defensoría, que debían actuar de oficio, han hecho oídos sordos, han adelantado indebidamente opinión en favor del gobierno y culpado a dirigentes opositores, y además han callado ante la contaminación de pruebas efectuada por responsables del Poder Ejecutivo».
Rodríguez y Alvarado deploran que las fuerzas de seguridad y otros poderes públicos ignoren la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada en forma unánime por el parlamento hace menos de un año.
«En Venezuela no se tortura», remarcó Maduro en conferencia de prensa el sábado 22.
También el periodismo ha encajado golpes. Organizaciones periodísticas han denunciado 62 agresiones en el marco de las protestas de este mes. Incluso se vedó la señal de televisión por cable de la estación colombiana de noticias NTN24 y pende la amenaza de hacer otro tanto con CNN en Español.
Para Alvarado, el Mercado Común del Sur (Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y la Unión de Naciones Suramericanas «pueden hacer un aporte de mediación, con base en las cláusulas en favor de la democracia, los derechos humanos y el diálogo político, incluidas en los textos que le dan soporte a su existencia».
