La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado «profunda preocupación» por las decisiones adoptadas por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, por representar un retroceso y tener un impacto negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.
La designación de un gabinete de ministros que no incluye a ninguna mujer ni a ninguna persona afrodescendiente, deja excluidos de los más altos cargos del gobierno a más de la mitad de la población del país. La última vez que Brasil tuvo un gabinete sin mujeres ministras fue durante la dictadura militar.
Al respecto, el jefe de gabinete de Michel Temer, Eliseu Padilha, declaró a periodistas: “intentamos buscar mujeres, pero por razones que no necesitamos traer a colación ahora, lo discutimos y no era posible”.
De acuerdo al Instituto de Investigación Económica Aplicada del gobierno federal de Brasil, los hombres blancos, que ocupan la totalidad de los cargos ministeriales del nuevo gobierno, son el 21.9 % de la población del país. Los grupos que quedaron excluidos del gabinete de Michel Temer, por su parte, son mujeres (51.4%) y hombres no blancos (26.7%). Asimismo, resulta alarmante la eliminación del Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, que quedó subsumido como una Secretaría dentro del Ministerio de Justicia.
La CIDH suma a estos datos el anuncio del gobierno interino de aplicar una reducción de los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza.
En este sentido, la CIDH recuerda el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en virtud de la obligación de progresividad establecida en el Protocolo de San Salvador, ratificado por Brasil en 1996, por el que en principio le está vedado al Estado adoptar políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas, que sin una justificación adecuada, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que goza la población.
La precarización y empeoramiento de esos factores, sin debida justificación por parte del Estado, supone una regresión no autorizada por el Protocolo, sostiene la CIDH.
La presidenta Dilma Rousseff, electa constitucionalmente por el voto popular, fue suspendida del cargo por 180 días por decisión del Poder Legislativo, el cual deberá votar, transcurrido ese plazo, una decisión sobre si la aparta o no del cargo de forma definitiva.
En esta situación, la Comisión Interamericana insta al Poder Legislativo de Brasil a actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
