Con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, el Movimiento contra la Intolerancia pide reforzar la legislación penal universalizando el delito de odio, y solicitan un Plan de Acción y una Ley Integral de Delitos de Odio.
El 22 de julio fue instituido por el Consejo de Europa como el día para recordar la masacre de odio que tuvo lugar en Oslo y Utoya (Noruega) en el que al 77 adolescentes perdieron la vida asesinados por un fanático neonazi llamado Breivick. Su odio hacia el colectivo homosexual y hacia los inmigrantes recuerdan a la sociedad que existen los derechos humanos y la dignidad de la persona está por encima de ideologías y de otros aspectos.
Este hecho tuvo lugar en 2011 pero diversos episodios se han desencadenado después a tal efecto entre los que se encuentran los crímenes de odio terroristas de los atentados de París, Orlando, Barcelona o Nueva Zelanda así como los casos que cada día tienen lugar en el mundo por el odio y la discriminación que sufren las personas con discapacidad, las personas homosexuales y otras personas a las que se las juzga por su raza o condición.
El tsunami de intolerancia como ha llamado el movimiento contra la intolerancia, sugiere que hoy más que nunca se suceden los delitos basados en xenofobia, antisemitismo, misoginia, ultranacionalismo, fanatismo ideológico, entre las manifestaciones de odio ya citadas y recuerdan que España se suma al carro de estos casos que se repiten ante la estupefacción de una parte de la sociedad que sigue sintiéndose discriminada 40 años después de vivir en democracia.
Por ello, solicitan al futuro gobierno de España que sean reforzadas las leyes y que el delito de odio se universalice de forma que no existan personas que se sientan discriminadas de facto. De igual forma, todos los delitos de odio que conlleven el aislamiento y la agresión a la persona bien por su identidad cultural, por su edad, por su lengua, por su aspecto físico o por cualquier motivo que sea amparado como debe ser por la Carta Magna y que exista un plan de acción que prevenga esta lacra que va in crescendo.
El gobierno de Pedro Sánchez considera que aunque cuantitativamente estos delitos no representen un porcentaje significativo del total de infracciones penales cometidas en España, se ha estableció un plan de acción contra los delitos de odio así como una estrategia para combatir la discriminación y las expresiones de racismo u odio contra colectivos vulnerables por su origen nacional o étnico, sexo o género; ideología; identidad sexual; religión; capacidades intelectuales o físicas y situaciones socioeconómicas diversas.
El objetivo prioritario para el ejecutivo, ahora en funciones, es combatir la discriminación y las expresiones de odio representan un grave ataque contra los derechos humanos y los valores de diversidad, pluralidad e igualdad que sustenta la democracia, en palabras del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
En 2017, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad autonómicos contabilizaron ese año 1.419 delitos de odio, un 11% más que en el ejercicio anterior, de los que 524 fueron por racismo y xenofobia, seguidos de los incidentes por ideología (446) y orientación sexual (271). En el mismo sentido pretenden mejorar la atención a las víctimas y consideran de igual forma los delitos de odio hacia las personas con discapacidad que están afectadas de igual forma en su entorno más cercano, ya sea en el trabajo, en la sociedad que los rodea o en su entorno familiar en algunos casos.
El gobierno en funciones pretende que los casos salgan a la luz y que aquellos que no se hayan denunciado se haga para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan tener una mayor sensibilidad hacia estos colectivos y puedan prever los delitos por odio.
