El Senado de Brasil aprobó en la madrugada de este jueves 12 de mayo de 2016 el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante seis meses, un hecho sin precedentes que se convierte en un golpe a la democracia brasileña debido a que la mandataria es acusada sin pruebas, informa Andes.
La aprobación se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado), lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra antes de votar.
La sesión comenzó a las 09:00 hora local (12:00 GMT) y se prolongó hasta la madrugada de este jueves cuando ya la mayoría de los senadores se había mostrado favorable a proceso.En total el debate duró veinte horas.
El abogado defensor de Rousseff declaró que «este juicio político no se justifica». «La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria», dijo.
Manifestó que el informe presentado por el relator del impeachment «justifica una intención política para inhabilitar a la presidenta».
Aseguró que «quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima». «Hay un golpe con derecho a la defensa», indicó.
Los próximos 180 días
A partir de ahora, queda a cargo del país el vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores, junto al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, destituido precisamente por corrupción el pasado 6 de mayo de 2016, del juicio político contra Rousseff.
Si durante el juicio, que iniciará a mediados de mayo, se la considera inocente, Dilma Rousseff podrá retomar sus funciones con pleno derecho y total normalidad.
De declararse culpable, Rousseff será reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de impeachment. Temer pertenece al partido centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT).
Temer ya venía preparando desde hace meses un proyecto de Gobierno abiertamente neoliberal.
El inicio de juicio político contra la jefa de Estado -sin contar hasta ahora con un sólo elemento de violación de ley- es un claro indicio de que se entierra el modelo de democracia representativa y se suplanta por un gobierno de los monopolios y grupos financieros.
Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó la petición de juicio político con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias. La solicitud pasó a ser analizada por una comisión especial de 21 senadores que el 6 de mayo aprobó con 15 votos a favor el informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avance hacia una probable destitución.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
