La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha propuesto un referéndum para determinar el apoyo popular a una reforma política que de cauce a la insatisfacción que produce el sistema actual, anquilosado por una burocracia de los partidos tradicionales que ha traicionado las esperanzas de cambio que llevaron al poder a Inacio Lula da Silva.
Además, Dilma Rousseff anunció inversiones por 25.000 millones de dólares para el transporte público, en respuesta a las protestas que se han sucedido en Brasil en las últimas semanas debido al aumento del precio de los billetes y la mala calidad del servicio: «hay que hacer más metros, más tranvías y corredores expresos de autobuses», dijo.
En reuniones sucesivas con líderes de los manifestantes y con los 27 gobernadores y los 26 alcaldes de las capitales estatales, Rousseff propuso crear una Asamblea Constituyente destinada a aprobar una «amplia» reforma política, que ponga fin a la corrupción, financiación ilegal de partidos, y promueva fuerzas con representación real de la ciudadanía en el Congreso en torno a cinco asuntos básicos: educación, salud, transportes, reforma política y responsabilidad fiscal.
Entre las posibles soluciones adelantadas por Rousseff están elaborar un Plan Nacional de Movilidad Urbana, destinar el 100% de los recursos del petróleo a la educación y ampliar el número de médicos en el Sistema Único de Salud (SUS), además de crear más vacantes en los cursos de medicina.
La convocatoria a un referéndum depende ahora del Congreso al ser la única institución que puede autorizar un plebiscito, han informado fuentes del ejecutivo, al conocer que los principales partidos de la oposición, entre estos el conservador DEM y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), consideraron en una nota conjunta que esas propuestas «desvían el foco» de lo que los brasileños quieren y que la presidenta «no asumió sus responsabilidades y no abordó los problemas sociales».
Las protestas comenzaron en las principales capitales de Brasil contra el aumento del precio del transporte urbano, y se ampliaron en demanda de mejores servicios públicos frente a los gastos millonarios en la Copa Confederaciones que se celebra actualmente y los previstos para el Mundial 2014.
Rousseff señaló este lunes que «está oyendo la voz de la población”, pero advirtió que la oferta de dialogo no supone transigir en mantener la ley y el orden, en referencia a la violencia en algunas manifestaciones, y en a los saqueos, actos de vandalismo y pillaje que se produjeron en algunas ciudades.
Reuniones
Según ha informado Adital, los primeros en hablar con la presidenta fueron los integrantes del MPL, que se declararon sorprendidos por la invitación a la reunión, ya que «los movimientos sociales en Brasil siempre sufrieron la represión y la criminalización”, y aclararon que la oferta de dialogo fue «arrancada por la fuerza de las calles, que avanzó sobre bombas, balas y prisiones”. En una carta pública concretaron las reivindicaciones de tarifa cero: «el transporte sólo puede ser público de verdad si es accesible a todas y todos, o sea, entendido como un derecho universal” según figura en el artículo 6º de la Constitución Federal.
«Esperamos que esta reunión marque un cambio de postura del gobierno federal que se extienda a otras luchas sociales: a los pueblos indígenas, que, como los Kaiowá-Guaraní y de los Munduruku, han sufrido diversos ataques por parte de latifundistas y del poder público; a las comunidades afectadas por desalojos; a los sin-techo; a los sin-tierra y a las madres cuyo hijos fueron asesinados por la policía en las periferias. Que la misma postura se extienda también a todas las ciudades que luchan contra el aumento de tarifas y por otro modelo de transporte: São José dos Campos, Florianópolis, Recife, Río de Janeiro, Salvador, Goiania, entre muchas otras”, finaliza el MPL.
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