Juan De Dios Ramírez-Heredia[1]
No hay mayor honor en democracia que ser diputado/a, senador o senadora. Ni siquiera lo es ser ministro o presidente del Tribunal Constitucional. Todos los altos cargos de la nación merecen el respeto y la consideración de la alta función que tienen encomendada, pero ser representante del pueblo, y serlo tras una votación libre y secreta, supone estar revestido con el manto máximo del poder que emana directamente de la gente cuando elige una papeleta o escribe un nombre en ella para que le represente.
Por eso los parlamentarios gozan de una serie de privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos. La inviolabilidad, la inmunidad y el fuero (art. 71 de la Constitución) puestos en tela de juicio desde algún segmento de la opinión publicada, suponen la garantía de que el parlamentario gozará de protección frente a la coacción o la amenaza que pudiera venir de otros poderes del Estado.
Hacen un flaco favor a la institución parlamentaria quienes con ignorancia abogan por la “supresión de privilegios” sin especificar cuáles.
El Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia 51/1985 que “Las prerrogativas parlamentarias han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros». Los letrados del Congreso están conformes con manifestar que “no se debe olvidar que las prerrogativas son instituciones colectivas cuya titularidad pertenece a las Cámaras y que sólo de manera refleja recaen individualmente en los propios parlamentarios”.
Principal obligación de los diputados y senadores
Tienen muchas y algunas son muy importantes, pero la primera de todas ellas es la de estar disponibles para oír y atender a los ciudadanos. Pero, atención: no solo a sus electores o a los ciudadanos de su provincia. Una vez que se ha jurado o prometido respetar la Constitución, los parlamentarios lo son de toda la nación y cada uno de ellos ostenta la representación de todos y cada uno de los españoles. La circunscripción electoral es el territorio a través del cual se ejercita el derecho a votar pero el alcance de esa elección abarca a todo el territorio nacional.
Estar a disposición de los ciudadanos para oír sus sugerencias y atender a sus quejas es el fundamento de la actividad parlamentaria. Si eso falla todo lo demás es perfectamente sustituible. ¿Para qué queremos un parlamento con centenares de diputados y senadores si los ciudadanos no encontramos facilidades para dirigirnos a ellos esperando ser atendidos como depositarios que son del poder que a ellos les hemos otorgado con nuestro voto?
Quienes tienen la amabilidad de leer mis comentarios saben cuantos años llevo peleando para concienciar a nuestros líderes de la necesidad de cambiar la ley electoral. La que actualmente nos rige permite que un diputado, si quiere, pase olímpicamente de los ciudadanos porque él sabe que para ser elegido o para figurar en una candidatura, la opinión de su vecino no cuenta para nada. Hagan la prueba y díganse a si mismos si saben los nombres de los diputados y senadores de su provincia. Más aún, digan si alguna vez han ido a entrevistarse personalmente con ellos independientemente del partido al que pertenezcan, porque ―permítanme que insista con el riesgo de hacerme pesado― los parlamentarios, una vez que han tomado posesión de su cargo, lo son de todos los ciudadanos, no solo de una parte de ellos.
Debo decir a los más entendidos que yo no soy partidario del llamado “sistema mayoritario”. A pesar de las ventajas que encierra, alguna de las cuales luego señalaré. La Constitución Española establece en su artículo 68 que “la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.” Fueron sabios los constituyentes porque solo este sistema garantiza que las minorías de todo orden, no solo las étnicas, puedan aspirar, con posibilidades de lograrlo, a ocupar un lugar en el Congreso de los Diputados.
¿Y cómo podemos lograr que un Diputado/a o senador/a nos oiga?
Muy fácil. En muchos países los parlamentarios tienen establecido un día a la semana para que sus electores puedan visitarle. Simplemente hay que concertar la visita, lo que puede suponer un periodo de espera más o menos largo. Escribirle una carta es la forma más sencilla y eficaz de hacerle llegar nuestras dudas, nuestras inquietudes o nuestras exigencias. Llamarles por teléfono es sin duda lo más fácil pero, sin ningún género de dudas, es lo menos eficaz.
En resumen, salvo que le veamos en algún acto público y logremos acercarnos a él o a ella, los medios tradicionales a los que acabo de hacer referencia son los que hasta ahora hemos tenido al alcance de nuestra mano para conseguir que nuestro representante nos oiga.
Pero, por fin, Dios creó el mundo y los americanos inventaron Internet
Fue a principios de los años 80 ―los españoles ya teníamos una Constitución democrática― cuando un señor inglés nacido en 1955 en las afueras de Londres, llamado Tim Berners-Lee diseñó lo que hoy llamamos “una página web” que como muy bien sabe todo el mundo, ¿o no?, es una red de sitios que nos permiten conseguir y transmitir información de forma instantánea desde cualquier lugar del mundo. Pero antes, otro ciudadano americano, nacido en 1941 en el Estado de Nueva York, llamado Raymond Tomlinson inventó el correo electrónico enviando un email de un ordenador a otro en 1971
Con lo que hemos llegado a la ultra modernidad que no puede ser ajena a la vida política. Acabo de leer en un periódico online que a los nuevos diputados y senadores que están llegando al Congreso a entregar su credencial les dan un teléfono móvil y una tableta con el fin de que la usen en su labor política y parlamentaria. Y ¿qué hacen Sus Señorías con esos maravillosos cacharritos? Lo desconozco. Lo que sí sé es que algunos no le dan el uso correcto que deberían darle para recibir mensajes de los ciudadanos. Acabo de leer un magnífico trabajo de Manuel Sánchez Matito quien es profesor de la universidad de Sevilla, titulado “La comunicación de los Diputados españoles a través de Internet”. Lo recomiendo. Sobre todo por lo que digo a continuación.
Una anomalía incalificable a la que hay que poner fin
Increíble. Resulta que el Congreso y el Senado, así como los parlamentos de las comunidades autónomas, proporcionan a cada parlamentario una cuenta personal de correo electrónico con el fin de facilitarles la comunicación con la ciudadanía. Esa dirección debe aparecer en la ficha abierta que estas instituciones publican en sus Vademécums y en sus webs institucionales. Pues bien, aunque usted no se lo crea, hay diputados que han indicado a los servicios de su Cámara legislativa que esa información no la den. De esa forma impiden que los ciudadanos puedan ponerse en contacto con ellos directamente. Increíble, ¿verdad? Por esa misma razón deberían impedir que se publicara la dirección postal de las instituciones con el fin de que el cartero no pudiera llevarles nuestras cartas.
Algunos grupos parlamentarios tratan de paliar este comportamiento incalificable facilitando un formulario mediante el cual el ciudadano debe rellenar unos casilleros y especificar a qué diputado o senador quiere que le entreguen su misiva. Entiendo que ese comportamiento ofende la dignidad que como individuos libres que somos nos faculta para dirigirnos directa y personalmente a quienes son nuestros servidores ante los poderes públicos. Lo que no impide que luego reclame la ayuda de su equipo para dar respuesta a su comunicante.
Ese comportamiento que debo reconocer lo hace una minoría significativa ―la mayoría no tienen inconveniente en publicar su dirección electrónica― debería ser impedido por la Mesa del Parlamento haciéndolo constar en el Reglamento de la Cámara. Por otra parte, no nos engañemos, de la misma forma que quien quiera hacerlo no abre las cartas que le lleva el cartero, igualmente puede no leer los correos electrónicos que le envíen los ciudadanos. Ese sería siempre su problema y el de su conciencia.
Y digo una vez más: Si la nueva Ley Electoral, esa que se debe crear, diera mayor protagonismo a los ciudadanos a la hora de valorar las candidaturas (listas abiertas, por ejemplo) les garantizo que Sus Señorías, para garantizarse la reelección, no solo facilitarían su correo electrónico sino que, a lo mejor, hasta invitaban a café a su comunicante en el que ven, legítimamente, a un potencial elector.
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Juan de Dios Ramírez-Heredia es abogado y periodista. Presidente de Unión Romaní
