Las principales medidas sociales contenidas en los presupuestos generales del estado (PGE) 2018, reinvidicadas en una parte importante por el Tercer Sector de acción social y por el movimiento de la discapacidad en torno al CERMI han sido publicadas en un informe en el que se dan cuenta de los avances en materia social en España.
Entre estas medidas destacan la creación de una nueva asignación tributaria social del 0.7 % de la recaudación del impuesto de sociedades para programas de inclusión, que al igual que en el IRPF es de carácter voluntario; medidas que serán positivas especialmente para la discapacidad.
Asimismo se incluye una mejora en las condiciones de acceso al IVA reducido (10 %) tanto en los servicios de teleasistencia, como ayuda a domicilio, centro de día y noche y de atención residencial, siempre que se presten en plazas concertadas tanto en centros como en residencias. Para favorecer en este sentido la inclusión laboral se ampliará de 18 a 36 meses la ayuda económica para jóvenes con discapacidad que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato de formación y aprendizaje.
En los presupuestos se introduce la deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por cónyuge con discapacidad que dependa del contribuyente y se han modificado la regulación de las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género así como víctimas del terrorismo que se establezcan por cuenta propia.
Por otro lado, se amplía la tarifa plana de 50 horas en lugar del 50 % de la base de cotización durante 12 meses adicionales a los 12 iniciales, en los supuestos en los que el trabajador con discapacidad por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes.
A estas medidas hay que sumarle la subida de las pensiones del 1.6 % que se eleva hasta el 3 en el caso de pensiones bajas y no contributivas así como el aumento del 1.75 % del salario de los funcionarios. Se ha ampliado de 4 a 5 semanas el permiso de paternidad; una deducción adicional de 600 euros a partir del cuarto hijo y se ha dotado de 200 millones de euros al pacto de estado contra la violencia de género. Estas y otras disposiciones sociales son las principales a destacar en los presupuestos generales del estado 2018 en España.
