España suspende una vez más y se suma a la larga lista del debe en materia de accesibilidad universal y de varios aspectos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que fue ratificada en 2008, hace exactamente, 11 años.
En la «Consideración de la Discapacidad por los partidos políticos que concurren a las elecciones europeas» acto que se encuentra organizado en el marco sobre la agenda política europea de la discapacidad 2019-2023, en el que participaron por España, Iratxe García, del PSOE; Rosa Estarás, del PP, y Maite Pagazaurtundúa, de Progresistas en Europa, y la candidata Esther Sanz, de Unidos Podemos Cambiar Europa, aunque todos los partidos políticos están de acuerdo y así lo han puesto de manifiesto, consideran que se está mejorando a este respecto pero estamos muy lejos aún de la realidad.
Según Rosa Estarás, del partido popular, España, va muy por delante de otros países de la Unión gracias al apoyo de ONCE y del CERMI, no gracias a los políticos, sino también a estas entidades y a los movimientos sociales y asociativos que están al pie del cañón.
De la misma manera, en el evento se destacó el acta de accesibilidad pero se puso de manifiesto que en torno a la inclusión en el ámbito educativo, «en España aún no existe esta materia, dijeron los políticos, y frente a algunas cuestiones que sí son un ejemplo en Europa, en otras tales como la eliminación de barreras arquitectónicas, el sistema eductativo inclusivo, la adaptación de servicios, el acceso a la información o los derechos de participación, son nulos.»
Las políticas sociales, según todos los mandatarios, obedecen a que la defensa de los ciudadanos con discapacidad está por encima de todo y Europa debe ser más social y debe tener en cuenta a todos y cada uno de las personas. Es del todo necesario reforzar la participación política de todas las personas con discapacidad en la Unión Europea y que todos los estados miembros garanticen el derecho al voto de todos estos sujetos dado que en la actualidad, en la mayoría de países, siguen existiendo restricciones que no debieran ser.
España, refirió Estarás, acaba de modificar la ley electoral para devolver el derecho de sufragio a 100.000 personas por razón de discapacidad y esto, debería ser, en su opinión extensivo a otros países dado que es un mandato de la Convención Internacional de la Discapacidad. De la misma manera, apostó por reforzar tanto el derecho al acceso al empleo y a la educación inclusiva con todos los recursos necesarios.
La eurodiputada socialista, Iratxe García, reclamó que se apruebe en la próxima legislatura una directiva europea sobre la igualdad de trato a fin de reforzar la lucha contra la discriminación por razón de género, discapacidad, edad, origen, etc. y apeló a luchar para que de una manera transversal en todas las políticas públicas Europa sea igualitaria y que no se discrimine por razón de discapacidad; situación que todavía sucede en muchos países.
