Actualmente España registra 1.840.000 personas con discapacidad de 16 a 64 años en edad de trabajar, lo que supone el 5,9 % de la población activa. Por otro lado, la tasa de paro de este colectivo es del 28.6 %, es decir, 9.1 puntos más alta que la población que no padece una discapacidad según los datos que ha presentado Odismet, Observatorio Sobre la Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE.
La discriminación que sufren los aspirantes a un empleo y la falta de adaptación de los mismos en los casos de discapacidad sobrevenida así como la accesibilidad del entorno laboral, hace que siga siendo un problema añadido al del paro que padecen muchos otros españoles. En ese sentido, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto unas medidas contra la explotación laboral de este colectivo para que se vaya más allá de velar por la inclusión de un 2 % de trabajadores con discapacidad.
Entre otras propuestas en las empresas se tendrá que vigilar la obligación de adoptar medidas adecuadas para el puesto de trabajo del empleado y que se realicen en función de cada discapacidad de forma que sea también accesible el entorno en el que trabaja.
Por otro lado, se tendrá que aplicar el enfoque de género y discapacidad para evitar otras actuaciones relacionadas con este aspecto y que los empleados tengan una protección añadida para que el cumplimiento de sus derechos se vean reforzdos. Asimismo, se tendrán que comunicar todas las situaciones comprobadas de incumplimiento de la reserva legal de empleo en favor de las personas con discapacidad para que no puedan las empresas inobservantes participar de licitaciones públicas de contratos de productos, bienes y servicios.
La tasa de paro es el resultado de dividir la población desempleada entre el total de población activa y se expresa en porcentajes. Se considera personas con discapacidad a personas con un grado de discapacidad superior o igual al 33%, pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez y pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2013.
La fuente utilizada es la serie El empleo de las personas con discapacidad del Instituto Nacional de Estadística, que utiliza la información derivada de la integración de datos estadísticos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con los administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD). Incorpora además datos sobre medidas de fomento de empleo procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), información sobre precepción de prestaciones procedente del Registro de Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y datos sobre dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En relación con la comparativa internacional (europea) se ha realizado a partir de datos de Eurostat, de la European Union Labour Survey (EU-LFS) y, en concreto, del Módulo ad hoc del Empleo de las Personas con Discapacidad (ad hoc module –AHM- on Employment of Disabled People). Para esta fuente se consideran personas con discapacidad aquellas que señalan tener limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria.
