Sin noticias desde finales de agosto, las familias de los doce activistas hongkoneses detenidos por los guardacostas chinos el pasado 23 de agosto, cuando intentaban llegar en una lancha fueraborda a Taiwan para pedir asilo político, han reclamado poder hablar con sus hijos engullidos «en el limbo del opaco sistema judicial chico»,y poder enviarles medicamentos y especialmente su regreso al territorio semiautónomo, según la corresponsal del diario francés Libération, Anne-Sophie Labadie.
Las justicia china, que les está aplicando la nueva Ley de seguridad nacional, considera a los doce jóvenes «separatistas» y les acusan de intentar «entrar ilegalmente en China», en palabras de Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, quien solo ha explicado que los doce militantes prodemocracia -entre los que está Tsz Lun Kok, estudiante de la Universidad Politécnica de Hong Kong de diecinueve años, con doble nacionalidad portuguesa y china, así como otros dos con pasaporte británico de ultramar- se encuentran detenidos en el distrito de Yantian, al este de Shenzhen, una importante ciudad perteneciente a la República Popular y fronteriza con Hong Kong.
Según el diario Le Monde, que cita a la prensa local, algunos de los jóvenes, que tienen edades comprendidas entre dieciséis y 33 años, son destacados manifestantes prodemocracia, de los llamados «frontliners» (primera línea) que se enfrentan directamente con la policía, y se encontraban en libertad condicional tras ser detenidos en las manifestaciones de 2019, cuando la antigua colonia británica inició la peor crisis política desde la retrocesión de su soberanía a China en 1997. Uno de ellos, llamado Andy Li, está pendiente de otro procedimiento judicial anterior, abierto el pasado 10 de agosto.
Por su parte, las autoridades portuguesas reconocen que solo pueden intervenir de manera muy limitada «en el aspecto humanitario, intentando conseguir que al detenido le traten con dignidad y que pueda defenderle un abogado».
Recordemos que la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en Asamblea (parlamento) china, establece penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Según declaraciones recogidas por la agencia portuguesa Lusa «las autoridades chinas todavía no han formulado ninguna acusación oficial y están presionando a los abogados contratados por las familias para que se retiren del caso» y sean abogados chinos quienes los lleven.
El sistema judicial chino, controlado por el Partido Comunista (PCC), único en el poder, contempla que las personas detenidas puedan estar hasta seis meses «en residencia vigilada en un lugar designado», que puede también ser un lugar desconocido como ocurre en este caso, por «poner en peligro la seguridad nacional», sin acceso a abogado y sin contacto con nadie de su entorno.
