Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado de repudio a la decisión del gobierno de Estados Unidos de reanudar las ejecuciones federales suspendidas desde 2003.
Se ha determinado que son cinco las primeras personas que serán objeto de este nuevo protocolo de inyección letal.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, Margaret Huang, considera que “la decisión de la administración Trump de reiniciar las ejecuciones federales tras dieciséis años sin llevar a cabo ninguna es indignante. Es el más reciente indicativo de su desprecio por los derechos humanos».
“La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel e inhumana», además de adolecer de deficiencias irreparables, por lo que el gobierno federal no debe llevar a cabo ninguna ejecución, agrega.
Sostiene además que el uso de la pena de muerte es contrario a las tendencias nacionales e internacionales y aporta el dato de que «veintiún estados de Estados Unidos y más de la mitad de los países del mundo han determinado ya que la pena de muerte no respeta los derechos humanos y no tiene cabida en sus legislaciones».
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y continuará luchando para conseguir que se ponga fin a esta práctica inhumana en Estados Unidos, concluye Huang.
