Amnistía Internacional informa de que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) de Egipto está llevando a cabo secuestros, torturas y desapariciones de personas en un intento de intimidar a los oponentes y acabar con la disidencia pacífica, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe muy crítico publicado hoy, que pone de relieve un aumento sin precedentes de las desapariciones forzadas desde principios de 2015.
El informe, titulado Egypt: ‘Officially, you do not exist’: Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism desvela una tendencia que ha visto cómo cientos estudiantes, activistas políticos y manifestantes, algunos de sólo 14 años, desaparecen sin dejar rastro a manos del Estado. Según ONG egipcias, un promedio de entre tres y cuatro personas son detenidas cada día, generalmente tras irrumpir en su domicilio fuerzas de seguridad fuertemente armadas al mando de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Muchas de estas personas están recluidas durante meses sin solución de continuidad, y a menudo permanecen esposadas y con los ojos vendados durante todo ese tiempo.
“Este informe desvela las tácticas escandalosas y despiadadas que las autoridades egipcias están dispuestas a emplear en su intento de aterrorizar a manifestantes y disidentes para silenciarlos”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política del Estado en Egipto. Cualquier persona que se atreva a alzar la voz corre peligro, y la lucha antiterrorista se utiliza como excusa para secuestrar, interrogar y torturar a las personas que cuestionan a las autoridades.
Las autoridades egipcias han negado repetidamente que existan desapariciones forzadas en el país, pero los casos que se presentan en este informe ofrecen firmes indicios en sentido contrario. El informe saca a la luz no sólo la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas sino también la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, que están dispuestas a mentir para ocultar sus rastros o no han investigado las denuncias de tortura, lo que las convierte en cómplices en violaciones graves de derechos humanos.
Por otra parte, España ha exportado a Egipto material de defensa por valor de 460 millones de Euros desde 2003. El gobierno español debe suspender las transferencias de armas a Egipto que puedan ser utilizadas en la represión de protestas y demostrar que las armas exportadas no están siendo utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional, especialmente en la Península del Sinaí, Yemen y Libia.
Amnistía Internacional lleva meses haciendo campaña en www.actuaconamnistia.org para que se anule la condena a muerte de ocho jóvenes que denuncian haber sido víctima de desaparición forzada, tortura y que no han tenido acceso a un juicio justo. El 17 de mayo de 2015, otros seis chicos fueron ejecutados en Egipto tras un juicio militar injusto, en el que también denunciaron haber confesado bajo tortura.
