El comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), ha reclamado al gobierno de España y a las fuerzas políticas terminar con el conocido «limbo de la dependencia«; es decir, con las prestaciones del sistema reconocidas a personas que tienen dependencia o discapacidad que actualmente siguen sin recibirlas.
Las cifras no dejan indiferente a nadie, ya que hablamos de cerca de 300.000 personas; un tercio total de los beneficiarios del sistema en el territorio español. Teniendo en cuenta que aunque tienen derecho no perciben ni bienes ni servicios, el Cermi exite una dotación adicional extraordinaria de 1.000 millones de euros para el año en curso; cantidad que se agregaría a la habitual y debería consignarse en la ley de presupuestos generales del estado que aún no está aprobada.
Si a la inversión de cada administración autonómica le sumamos la medida solicitada, realmente el contador de la ley de dependencia se podría a cero y se lograría que toda persona con prestación reconocida la recibiera de modo real; sin esperar años, como sucede ahora. Tener reconocido un derecho y que no sea un hecho tangible, es el mayor fracaso del sistema para la autonomía ón y atención a la dependencia y a la propia ley que fue aprobada hace diez años.
La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesitan de la atención de otra u otras personas para poder realizar actividades de la vida cotidiana.