El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, (CERMI), ha solicitado a la Junta Electoral Central, que dicte una instrucción general de garantía del derecho al voto de las personas con discapacidad, con el fin de que las votaciones de este colectivo sean las mismas que para el resto de las personas que votarán el 26 J en España.
La carta remitida por el CERMI denuncia que:
«Pese a las disposiciones normativas que nos amparan, en todos los procesos electorales en nuestro país, aún, las personas con discapacidad, se enfrentan a múltiples exclusiones, discriminaciones, barreras y falta de ayudas, que les impide ejercer con plenitud su derecho fundamental de sufragio»
La entidad advierte, que existen casos de ausencia de accesibilidad también en los mítines, en las sedes de colegios electorales, tanto por sus barreras arquitectónicas como de otro tipo, así como la falta de ayuda para las personas sordociegas, personas sordas, ciegas, o personas con baja visión que acuden solas y no distinguen las papeletas, por ejemplo.
La protección de la normativa electoral, es el Real Decreto, 422/2011 de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política, y en los procesos electorales, el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por todo ello, reclaman que la instrucción general de garantía del derecho al voto sea de obligado cumplimiento y se unifiquen los criterios en todo el territorio nacional, de forma que se cumpla y las personas con discapacidad, de nuevo, no sean una excepción.
Asimismo pide que se clarifiquen todos los aspectos que no concreta en la práctica la ley orgánica del Régimen Electoral General, la llamada, LOREG. La LOREG en España la plican de manera estricta los jueces cuando en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de una persona para determinar si está en condiciones de ejercer su voto o no.
