El Defensor del Pueblo Europeo ha comenzado a investigar este 22 de enero de 2021 el secreto de la Comisión Europea en torno a sus contratos de vacuna Covid-19 con empresas farmacéuticas y las negociaciones que dieron forma a estos contratos.
Esta investigación se inicia por las quejas presentadas por Corporate Europe Observatory (CEO) a principios de este mes contra el manejo por parte de la Comisión de dos solicitudes de Libertad de Información (FOI) de septiembre de 2020.
El Defensor del Pueblo ya se ha puesto en contacto con la Comisión y le ha pedido una respuesta antes del 11 de febrero 2021.
La investigación del Defensor del Pueblo cubre dos quejas de directores ejecutivos:
1. Una denuncia contra la Comisión que niega el acceso a su contrato de vacuna Covid-19 con AstraZeneca, el primer contrato que la Comisión firmó en 2020. La Comisión rechazó la solicitud de CEO para acceder al contrato, argumentando la protección de los intereses comerciales de AstraZeneca y alegando que no había un interés público primordial en la transparencia. El CEO apeló esta decisión, pero la Comisión no ha respondido dentro de los plazos definidos en la legislación de la UE sobre FOI.
2. La negativa de la Comisión a divulgar documentos relacionados con las negociaciones de vacunas, incluidas notas de reuniones y correspondencia, así como los nombres de los miembros del Equipo Conjunto de Negociación, que consta de siete expertos designados por los Estados miembros.
Después de meses de creciente presión por parte de los diputados al Parlamento Europeo y la sociedad civil, la Comisión ha dado recientemente algunos primeros pasos para mejorar la transparencia, pero se ha demostrado que son insuficientes.
A principios de este mes, la Comisión invitó a los eurodiputados a leer una versión redactada del contrato de CureVac en condiciones estrictas en una sala de lectura. Sorprendentemente, la Comisión publicó el contrato CureVac redactado en su sitio web a principios de esta semana. Los otros cinco contratos siguen siendo confidenciales, y ni los diputados al Parlamento Europeo ni el público en general tienen acceso a los textos.
El contrato de CureVac muestra que la confidencialidad estaba escrita en los contratos, lo que otorga a las empresas farmacéuticas un derecho de veto. El contrato también confirma los temores de que los lucrativos acuerdos de compra anticipada (APA) que se negocian en la oscuridad usarían dinero público para eliminar el riesgo financiero y la responsabilidad de las compañías farmacéuticas que desarrollan vacunas Covid-19.
Todo esto sin las correspondientes condiciones de interés público relacionadas con los precios y la disponibilidad, a pesar de los 2800 millones de euros de dinero público que ya ha gastado la Comisión en el desarrollo y acuerdos de compra anticipada de estas vacunas.
El contrato también muestra que la UE ha ido muy lejos en la «eliminación de riesgos» de las inversiones de Curevac, pero aún así no ha logrado garantizar ningún derecho sobre las invenciones de Curevac o los conocimientos técnicos financiados en virtud del contrato. Además, el contrato indica que los gobiernos de la UE, en escenarios específicos, podrían terminar pagando una indemnización por los posibles efectos secundarios de la vacuna, pero se han redactado partes clave del texto con respecto a esta indemnización.
Con respecto al mensaje alarmante del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el lunes 18 de enero 2021 sobre el «catastrófico fracaso moral» en la distribución de vacunas, es impactante saber que las dosis compradas por la UE no se pueden pasar a países de ingresos medios o bajos sin permiso de CureVac.
La opacidad de las negociaciones sobre vacunas corre el riesgo de ampliar la captura empresarial por parte de las grandes farmacéuticas de las políticas de medicamentos de la UE. En septiembre de 2020, una investigación del Corporate Europe Observatory reveló cómo el cabildeo de la industria farmacéutica estaba anteponiendo los beneficios a una respuesta eficaz a una pandemia.
La investigación mostró cómo las grandes farmacéuticas, a pesar de las elevadas declaraciones de relaciones públicas sobre su compromiso de abordar la pandemia del coronavirus, están presionando intensamente para proteger su problemático modelo de negocio que maximiza las ganancias, en parte basado en dinero público sin condiciones y reglas de patentes de monopolio excesivas.
Olivier Hoedeman, investigador del Corporate Europe Observatory, indica que «hace cuatro meses presentamos solicitudes de FOI para arrojar luz sobre las negociaciones del acuerdo de vacuna Covid-19 de la UE con Big Pharma, pero en lugar de transparencia, la Comisión Europea eligió tácticas de retraso y secreto. La transparencia es fundamental para el debate público informado, la responsabilidad democrática y la confianza pública. La investigación del Defensor del Pueblo es una gran noticia y, con suerte, resultará en un avance muy necesario».
Viviana Galli, coordinadora de la Alianza europea para la I + D responsable y los medicamentos asequibles, señala que «la falta de transparencia socava la confianza en las instituciones y la ciencia, que es fundamental en los tiempos actuales. El secreto y la necesidad de solicitar a las empresas privadas autorización de divulgación no están justificados cuando se han invertido cantidades considerables de fondos públicos en investigación y desarrollo y se han utilizado para concluir estos acuerdos. Los intercambios con empresas y los contratos deben divulgarse en su totalidad para el escrutinio público y para garantizar que se ha protegido el interés público».
Yannis Natsis, director de políticas de acceso universal y medicamentos asequibles, European Public Health Alliance (EPHA), sostiene que «los gobiernos europeos y la Comisión deben dejar de andar por las ramas y publicar todos los contratos e intercambios con las empresas lo antes posible. La historia de éxito de la estrategia de adquisición de vacunas Covid-19 de la UE se ve seriamente socavada por el secreto impuesto por las compañías farmacéuticas y tolerado por la UE y sus miembros. La investigación del Defensor del Pueblo demuestra que la demanda de responsabilidad pública es cada vez más fuerte».
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