En un informe hecho público este 26 de febrero de 2021 por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los servicios de inteligencia estadounidenses acusan al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed ben Salmane, conocido como MBS, de haber «validado» el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Jamal Khashoggi, articulista del diario Washington Post, fue asesinado y su cuerpo despedazado, en octubre de 2018, en el interior del consulado saudí en Estambul, a donde acudió para retirar unos documentos que necesitaba para contraer matrimonio. Sus restos siguen sin aparecer al día de hoy.
«Hemos llegado a la conclusión de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed ben Salmane, validó una operación en Estambul, Turquía, para capturar y matar al periodista saudí Jamal Khashoggi –afirma la dirección de los servicios secretos estadounidenses en un documento de cuatro páginas que ha sido desclasificado- El príncipe heredero consideraba a Khashoggi como una amenaza para el reino y, más ampliamente, apoyaba el recurso a la utilización de medidas violentas si fuera necesario para silenciarle».
El informe señala que, desde 2017, MBS tiene un control absoluto sobre los servicios de inteligencia y de seguridad del reino «lo que hace improbable la hipótesis de que alguien pudiera llevar a cabo la operación (el asesinato del periodista) son contar con su visto bueno».
El informe añade que, en el momento del asesinato de Khashoggi, MBS había implantado tal régimen de temor que nadie de su entorno se habría atrevido a cuestionar sus órdenes «por temor a ser destituido o detenido».
El informe, que ha respaldado Joe Biden, incluye una lista de una veintena de personas implicadas en el asesinato de Jamal Khashoggi, y entre ellas el número dos de la inteligencia saudí, el general Ahmed al-Assiri, muy cercano a MBS, y el exconsejero del príncipe Saud al-Qahtani, ambos juzgados y declarados inocentes por la justicia del reino.
Como resultado de la desclasificación del informe, el gobierno de Biden ha anunciado la adopción de sanciones económicas contra el general Assiri y contra la Fuerza de Intervención Rápìda, una unidad de élite encargada de la protección de MBS que dirige al-Qahtani, y que se considera que tomó parte en el asesinato.
Por su parte, el secretario de estado de Exteriores, Anthony Blinken, ha prohibido la entrada en Estados Unidos a 76 ciudadanos saudíes, cuyos nombres no se han hecho públicos, en aplicación de la nueva norma bautizada como «prohibición Khashoggi», que se aplicará en el futuro a cualquiera que, en nombre de las autoridades de su país, ataque a periodistas o disidentes en el extranjero.
Cuestionando la regla de que el gobierno de Washington no sanciona a los dirigentes de países amigos, el grupo de presión Open Society Justice Inititive, que vela por el cumplimiento de las leyes y la defensa de los derechos humanos, ha pedido al presidente Biden que vaya más lejos y aplique «sanciones económicas y la prohibición de entrar en el país a MBS», de quien el senador demócrata Bob Menéndez ha dicho que espera «que rinda personalmente cuentas por ese odioso crimen».
En un comunicado de respuesta al informe, el ministerio de Asuntos Exteriores saudí afirma que «El gobierno de Arabia saudí rechaza totalmente las conclusiones falsas y perjudiciales que se contienen en el informe relativas a la dirección del reino, y no pueden aceptarlas en ningún caso», añadiendo que las autoridades del reino han adoptado «las medidas necesarias para que no vuelva a producirse jamás un drama como aquel».
