El Tribunal Supremo (TS) de España ha corroborado una sentencia que condena al Gobierno de Aragón por la exclusión educativa de un joven afectado de autismo y con discapacidad severa, cuya familia se negó a que le administrarán una medicación considerada lesiva para su salud.
Según el Bufete Almodóvar & Jara, que ha defendido los intereses de la familia, la sentencia reconoce la lesión del derecho fundamental a la educación, por parte de la administración aragonesa.
«La Justicia en España es lenta, pero en un año hemos recibido dos sentencias y ambas ayudan a seguir en el proceso. Ahora trataremos de que se garanticen los derechos en salud del chico», comenta Francisco Almodóvar, abogado de la familia y co fundador del despacho.
Señala que las “garantías psiquiátricas” -la medicación- de discapacitados mentales severos y autistas a que obliga el Gobierno de Aragón para escolarizarlos no es legal, pues estos medicamentos provocan Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM) graves a los autistas y vulneran su derecho a la educación, básicamente porque les deja “fuera de juego”.
Inicialmente, la Consejería de Educación de Aragón trató de responsabilizar a la familia de la exclusión del hijo porque el padre, que es psiquiatra, se negaba a someterlo a un tratamiento farmacológico (neurolépticos o antipsicóticos) como “garantía psiquiátrica”.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había indicado ya en una sentencia que los afectados de autismo no pueden ser excluidos o ser medicados con tratamientos ineficaces para esa dolencia.
Se intentaba prescribir, en opinión de los padres, sin consentimiento informado, sin examen de los hechos o planes educativos o asistenciales y sin siquiera valorar la opinión del psiquiatra, del propio afectado y de la sanidad pública, o sea con propósitos no terapéuticos sino más bien como control y castigo e incluso justificación de la exclusión misma del sistema educativo.
«El Supremo viene a corroborar nuestra teoría, que se medica por la fuerza a los autistas con medicamentos que no están indicados para ellos y son peligrosos», sostiene Francisco Almodóvar: «Los autistas y los discapacitados mentales severos, y otros discapacitados, tienen derecho a que la sociedad atienda a sus necesidades y no al revés. El derecho a la integridad física y moral por querer medicarle sin consentimiento informado también se ha vejado. Esto es lo que están haciendo con muchas personas como R».
Agrega que no es exagerado escribir que se está «abriendo camino para que los derechos del colectivo de personas con autismo en España se hagan realidad pues en la situación de R. o similar hay miles de personas».
El TS además condena en costas a la Administración, de modo que los gastos del proceso no repercutan en la familia que sufre la discriminación. Ahora estamos en condiciones de exigir al Gobierno de Aragón daños y perjuicios por tal vulneración.
Noticia de 2013.
No, en 2013 conseguimos la primera sentencia y en diciembre de 2014 la segunda.