El PP pretende la dictadura colegiada en España

Hasta ahora la Constitución solo contempla la destitución del Presidente de España por moción de censura, moción de confianza o elecciones, pero el PP la pretende reformar con una Ley Orgánica para que el Tribunal Constitucional (TC) pueda suspender de funciones a cualquier cargo público, incluido el Presidente del Gobierno sin intervención parlamentaria, acabando con el sufragio universal aprobado en nuestra Constitución, en relación con el Congreso de los Diputados (art. 68.1), el Senado (art.69.2), los Ayuntamientos (art. 140) y las Asamblea legislativa de comunidad autónoma (art. 23.1).

Esta Ley Orgánica emula la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de 1958, basado en los ideales de Patria, Familia y Religión. El PP pretende parodiar a los absolutistas españoles de 1814 con su ¡viva las cadenas! a la vuelta de Fernando VII, justificando la decisión del más abyecto de los borbones en la decisión de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la legislación de las Cortes de Cádiz. ¿Qué hará el nuevo borbón?, comportarse como aquel de 1812 o actuar según la Constitución de 1978 en su Artículo 61.1, donde dice “al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas».

Esta posible nueva Ley la plantean desde el PP con la excusa de los resultados del 27S, pero la pretendida Ley también puede ser de actuación en cualquier momento contra una autonomía y contra el propio Presidente de la Nación, y si no es del agrado del TC ¿que hará?, ¿convocará elecciones?, ¿nombrará a alguien que defienda sus ideales o intereses?, estamos a las puertas de una nueva dictadura, esta vez  colegiada, y con el poder otorgado legislará a su antojo y al mejor postor.

Esa posible nueva Ley Orgánica no es contra el independentismo, es un conflicto de intereses de dos partidos corruptos frente a frente defendiendo sus intereses, no de la población, unos enarbolan la bandera de un nacionalismo trasnochado propio del siglo XVIII y XIX escudándose en un idioma y una idiosincrasia propia y legítima, pero lo que realmente defiende son los intereses de esas trescientas familias que llevan gobernando desde hace siglos, ya Fernando II de Aragón con la Sentencia Arbitral de Guadalupe en 1486 privó de privilegios a la nobleza, acabando con el trato humillante sobre los campesinos cultivadores (los trabajadores entonces), ahora son nuevos patriotas, pero patriotas de paraísos fiscales que lo que realmente defienden son intereses particulares, porque juntos han aprobado en el Parlamento la liquidación del bienestar social, de la educación, de la sanidad…

Y para colmo de males, dirigentes de Sindicatos se desmarcan de sus direcciones nacionales defendiendo la independencia, cuando los sindicatos lo único que deben defender son los intereses de los trabajadores frente a la oligarquía financiera, en favor de trabajo bien remunerado en lugar de los de basura aprobados por ambas fuerzas neoliberales.