La condena a treinta años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza, dijeron activistas, informa Edgardo Ayala[1] (IPS).
«Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres», dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche del 10 de julio de 2017, convocada por colectivos feministas para apoyar a Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
«Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres», agregó la activista, luego de corear consignas que hacían alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.
-«Tu doctrina, sácala de mi vagina», gritaban las mujeres congregadas.
El caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de derechos humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazado en todas sus formas.
El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.
Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
La reforma de hace nueve años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera penalizada: «Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás», añadió la activista.
Además, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.
«En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte», sostuvo Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.
El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto.
Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.
«Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud», aseguró a IPS la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.
Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.
Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.
La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados «maras».
Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por ciento.
El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.
Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.
De allí que las organizaciones de derechos humanos y grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con poca educación.
El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13 que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque, Nury Velásquez, quien condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución escrita.
La apelación hará hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la «neumonía aspirativa» que produjo la muerte del feto.
Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazado asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.
En tanto, otra mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.
«Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador», dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que en marzo pasado le otorgó asilo político.
«Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica», agregó, desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.
El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 18 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel.
Tras cuatro años y medio de encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación.
«Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel», narró. Y con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
