A más de tres años del inicio del régimen de excepción en El Salvador, prorrogado ya en 42 ocasiones consecutivas, Amnistía Internacional alerta de que el sistema penal se ha transformado en un instrumento represivo que criminaliza a quienes defienden los derechos humanos y sofoca las voces críticas.
En un último informe, la organización asegura que las reformas legales han desvirtuado el Estado de Derecho, legitimando detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y un régimen penitenciario que pone en riesgo la vida de las personas encarceladas.
Un régimen de excepción que no cesa
El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 con el objetivo declarado de combatir a las pandillas, ha sido prorrogado sin interrupción hasta consolidar un modelo de represión que aparenta legalidad.
Amnistía Internacional advierte de que este marco normativo permite la suspensión de derechos fundamentales, detenciones masivas sin pruebas y la imposición automática de medidas como la prisión preventiva.
Las reformas introducidas en materia penal incluyen la reserva de identidad de jueces, el endurecimiento de penas e incluso la extensión de sanciones a niños, niñas y adolescentes, prácticas que contravienen estándares internacionales.
«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad», denuncia Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Prisioneros de conciencia
La persecución alcanza a líderes comunitarios, sindicalistas y defensores ambientales, acusados bajo tipos penales ambiguos como «agrupaciones ilícitas» u «organizaciones terroristas».
Organizaciones locales registran más de setenta casos de criminalización de la defensa de derechos humanos en los que las personas han sido privadas arbitrariamente de su libertad.
En julio de 2025, Amnistía Internacional declaró prisioneros de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, encarcelados exclusivamente por su labor social y su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. La organización documentó cómo en estos casos se aplicaron plazos de detención administrativa de hasta quince días y prisión preventiva sin fundamentos jurídicos suficientes, con procesos sometidos a reserva total.
El caso más reciente muestra la prolongación arbitraria de la fase de instrucción contra Henríquez y Pérez, acusados de resistencia y desórdenes públicos, sin que existan nuevas pruebas que justifiquen la medida. Esta práctica convierte la prisión preventiva en una forma de castigo anticipado.
Cárceles como espacios de tortura
El sistema penitenciario salvadoreño se caracteriza por el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y la incomunicación prolongada, condiciones que configuran un trato inhumano y degradante. Amnistía Internacional alerta de que estas medidas tienen un impacto devastador en las comunidades, generando miedo y autocensura.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya, encarcelado en este contexto, ha visto deteriorarse su salud al negársele una defensa técnica efectiva. Por su parte, Fidel Zavala, portavoz de la Unión de Defensa de los Derechos de las Comunidades (UNIDECH), enfrenta un riesgo real de ser sometido a tortura o tratos crueles.
«La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan», añadie Piquer.
La CIDH dicta medidas cautelares
El 23 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, al advertir que la incomunicación prolongada y la detención indefinida ponen en grave riesgo su vida e integridad. La CIDH exigió al Estado salvadoreño cesar de inmediato el aislamiento y garantizar condiciones de detención acordes con los estándares internacionales.
Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y reclama a las autoridades salvadoreñas que cumplan de manera inmediata las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Llamada a la comunidad internacional
La organización con sede en Londres subraya que la comunidad internacional debe intensificar su escrutinio sobre el gobierno de Nayib Bukele. La criminalización de la defensa de los derechos humanos, la ausencia de controles externos sobre las cárceles y la utilización del sistema judicial como herramienta represiva ponen en entredicho la vigencia del Estado de Derecho en El Salvador.
Tanto la CIDH como organismos internacionales de libertad de prensa, como la Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ) han alertado previamente sobre los riesgos de un espacio cívico cada vez más asfixiado y la creciente autocensura de periodistas y activistas en el país.
La situación descrita por Amnistía Internacional confirma una tendencia regional preocupante: el uso de legislaciones antiterroristas y medidas de excepción para debilitar el movimiento social y criminalizar la protesta pacífica.
Persecución política
El informe de Amnistía Internacional concluye que el sistema penal salvadoreño ya no actúa como garante de justicia, sino como instrumento de persecución política.
Los nombres de Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Enrique Anaya y Fidel Zavala se suman a una lista creciente de defensores y defensoras de derechos humanos cuya libertad y vida están en riesgo.
El desafío que enfrenta El Salvador no es solo interno. La presión de organismos internacionales y la solidaridad global son fundamentales para evitar que la criminalización y el silencio se consoliden como norma en un país que avanza hacia un modelo autoritario bajo apariencia de legalidad.
