La violencia sexual contra las mujeres se mantiene como un delito silenciado y con un alarmante subregistro en Brasil, donde, por ejemplo, no existen cifras precisas y comparables sobre los casos de violación en sus 27 estados, informa Fabiola Ortiz (IPS)
«Estamos en alerta total, vamos a denunciar y exigir cambios a las autoridades. También criticamos el tratamiento diferenciado dado a las víctimas que son de clases sociales más pobres», dijo a IPS la coordinadora de la no gubernamental Casa de la Mujer Trabajadora, Eleuteria da Silva, que opera en el estado de Río de Janeiro.
Para ella, las actuales políticas públicas nacionales y estaduales son insuficientes para prevenir y combatir los delitos sexuales e igualmente deficientes son las medidas de amparo a las víctimas.
«Es un problema coyuntural y crónico a la vez. En rigor, políticas hay, pero carecen de efectividad. No son suficientes para atender las necesidades y eso pese a que el subregistro es grande», admitió Silva, quien integra el Foro Estadual de Combate a la Violencia contra la Mujer, que articula a 30 organismos.
El 4 de este mes, fue aprobada en el estado de Río de Janeiro la Ley 6.457 que crea Observa Mujer, un sistema integrado de información sobre violencia contra la mujer, explicó a IPS la diputada estadual, Inês Pandeló, del izquierdista Partido de los Trabajadores, redactora del proyecto.
Esta norma establece acciones comunes en los 92 municipios del estado, para crear un sistema que organice y analice los datos sobre los actos de violencia contra la mujer, además de integrar los órganos que prestan auxilio a las mujeres víctimas de maltrato, incluido el sexual.
En el Dosier Mujer, un informe elaborado por el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro, la agresión sexual ocupa el mayor porcentaje entre las formas de violencia hacia la población femenina en este estado del sureste brasileño.
El año pasado, 6.029 personas fueron víctimas de violación en el estado, de las que 4.993 eran mujeres. Esas cifras representan un incremento de mujeres violadas de 24 por ciento, respecto de 2011.
El promedio mensual en 2012 alcanzó 416 casos de víctimas femeninas. El ISP indicó que el índice de víctimas violadas en el estado de todos los géneros es de 37 por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, no es posible comparar este índice con datos nacionales, pues no existen informaciones precisas y estandarizadas en los demás estados. Pero para Silva, Pandeló y activistas de los derechos de la mujer, sí brinda un patrón de la situación de la violencia sexual en este país de 198 millones de personas.
«Es una cifra gigante, casi 5.000 casos de violación a mujeres en Río, cuando solo una sola ya es repudiable. La sociedad no puede convivir con esta realidad, que origina una educación represiva, sexista, patriarcal, machista y racista», criticó Silva.
Connotados casos de violaciones en el transporte público en Río de Janeiro y en un hospital contra mujeres menores de edad, han alarmado a la opinión pública.
Este mismo mes, un técnico de enfermería fue acusado de violar a dos pacientes internadas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Podría ser condenado a 15 años de prisión.
En mayo, una cámara de vigilancia captó en un autobús en marcha a un adolescente de 16 años que provisto de un arma de fuego violaba a una pasajera. El agresor estaba bajo los efectos del consumo de cocaína y, según la ley brasileña, al ser menor de edad, su máximo castigo serían tres años en un reformatorio y cumplir tareas socioeducativas.
La Policía Civil informó que en los primeros cuatro meses de 2013 se registraron 1.822 violaciones en el estado, mientras que solo se detuvieron 70 personas por ese delito.
El perfil de las víctimas es el de mujeres de entre 20 y 30 años, en su mayoría negras, pero sin una clase social determinada.
«Una agresión de este tipo es capaz de destruir la vida de una persona. La mujer queda aterrorizada y con miedo a salir a la calle. Muchas veces, ella se siente culpable y avergonzada, y por eso muchas no denuncian, además porque saben la impunidad que existe para el delito», argumentó Silva.
En muchas ocasiones, la víctima de agresión sexual es nuevamente agredida, cuando denuncia en la comisaría y cuando debe ser examinada en el Instituto Médico Legal para obtener «el cuerpo del delito» al que fuerza la ley. «Es vergonzoso», resumió.
La diputada Inês Pandeló reconoció, a su vez, que el amparo inicial a la víctima de violación es muy precario.
«La mujer es revictimizada y se debe hurgar en sus órganos. Ya existe un decreto nacional para implementar este servicio de ‘corpus delicti’ (cuerpo del delito) en hospitales privados y públicos. Hay voluntad política, pero falta hacerla efectiva», dijo.
«Enoja ver estos números en pleno siglo XXI. Es aterrador. La gente imagina que hay una evolución en el pensamiento humano, en el aceptar que todos somos iguales, pero es un hecho que persiste una cultura machista. La violencia existe y es importante denunciarla para ayudar a la formulación de políticas públicas», analizó.
En Brasil, solo el estado de Río ha instituido una encuesta anual sobre los casos de violencia contra la mujer.
Por eso, Pandeló subrayó que no es posible comparar las cifras de Río con las de los otros 26 estados, «ni tampoco las nacionales con otros países».
La diputada acaba de ser elegida como secretaria de la Unión Nacional de Mujeres Legisladoras y, desde esa posición, luchará para extender la encuesta anual a todas las entidades federales.
Pero Eleuteria da Silva puntualizó que en el estado de Río las instituciones dedicadas a la atención de la mujer funcionan en forma insuficiente.
Citó la poca presencia en los municipios de los Centros Integrados de Atención a la Mujer, que brindan apoyo jurídico y sicológico a las víctimas de violencia, y de los Núcleos de Atención a la Mujer, al contrario de lo que debería suceder.
Incluso solo hay unas 30 casas-refugio para acoger a las víctimas de violencia y amenazas, cuando son 92 los municipios del estado.
A nivel nacional, existe un Centro de Atención a la Mujer, la línea telefónica dedicada 180 y superintendencias para las mujeres en los estados y los municipios.
Pero pese a las muchas organizaciones oficiales dedicadas a atender los derechos de las mujeres, activistas como Silva no anticipan mejorías a corto plazo en el apoyo concreto a las víctimas de violencia, y en particular la sexual.
«En general, la política de estos organismos es la de no dialogar, ninguno sabe lo que hace el otro», criticó.
