EQUO ha presentado alegaciones contra las prospecciones petrolíferas en Canarias al considerar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Repsol es parcial e interesado.
Para EQUO el proyecto que pretende realizar sondeos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura pone en riesgo la alta riqueza de los ecosistemas submarinos de las zonas de prospecciones en las que habitan 30 de las 69 especies de cetáceos que se conocen.
Así, y según datos de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se han sesgado los cálculos de riesgo para justificar las perforaciones y en consecuencia hacer tolerable sus actuaciones; manipulando todos los parámetros con el fin de reducir los valores de riesgo e impacto basándose en el cálculo de probabilidad del suceso accidental. De esta forma, se obtiene una probabilidad baja que permite pasar por aceptable el riesgo de accidentes; práctica usual en los informes ambientales de industrias contaminantes.
EQUO afirma que además es inadmisible que cuando estamos ante una población que es dependiente del mar se exponga a riesgos difícilmente calculables que pueden alterar de forma considerable la economía local. Además, también se está poniendo en peligro el aprovisionamiento de agua potable por la singular dependencia de la desalinización de agua marina tanto para ciudadanía como para la agricultura atentando contra su soberanía alimentaria incluyendo al sector pesquero de los cuales ya se han manifestado en contra todas las Cofradías.
Por otra parte, y respecto al argumento que intenta justificar este proyecto afirmando que el yacimiento podría reducir la dependencia energética española, para EQUO no deja de ser un contrasentido sobre todo por las enormes trabas que este gobierno pone a la energía 100% autóctona: la energía renovable y descentralizada.
Asimismo, para EQUO no se ha tenido en cuenta el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos según art.23 de la Constitución; ya que el proyecto de los pozos petrolíferos es fruto de unos permisos adoptados sin información pública (RD 1462/2001 y RD 547/2012) contraviniendo el Convenio de Aarhus de 1998, que exige participación pública en las decisiones con incidencia ambiental.
EQUO también ha recordado que Repsol es una multinacional sin política fiscal accesible y con presencia en paraísos fiscales (Informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa).
Por todo ello, EQUO y EQUO Canarias solicitan al Gobierno de España y concretamente a su Ministro de Industria, que suspenda de manera inmediata toda tramitación relativa a esos permisos y desestime su realización, primando el principio de precaución y atendiendo al resto de la normativa de protección ambiental.
