El gobierno turco que preside el ultraconservador Recep Tayyip Erdogan, ha presentado en el Parlamento una proposición de ley que permite, en determinados casos, por una sola vez y de manera retroactiva, suspender las condenas por agresión sexual a menores, cometidas antes del 11 de noviembre de 2016, si el condenado se casa con su víctima. De aprobarse en una segunda lectura se estima que la ley pondría en la calle a unos 3000 violadores.
La explicación del ministro de Justicia turco no deja de ser peregrina: “Hay quien se casa antes de alcanzar la edad legal. No conocen las leyes. Tienen hijos, el padre va a la cárcel y los niños se quedan solos con su madre”. A continuación ha explicado que la ley propuesta pretende “acabar con esta injusticia”.
Al día siguiente, el 19 de noviembre de 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su “profunda preocupación” por el proyecto de ley turco: “estas formas de violencia cometidas con niñas son delitos que deberían ser castigados como tales, y en todos los casos debería prevalecer el interés de la niña”, ha dicho a la Agencia France-Presse Christophe Boulierac, portavoz de Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia). “Unicef está profundamente preocupada por (un proyecto de ley) que supone amnistiar a quienes abusan de las niñas”.
De aprobarse definitivamente, la medida permitiría suspender la condena de un hombre por agresión sexual a una menor, si se casa con la víctima: “pedimos a todos los miembros de la Asamblea turca que hagan lo posible para que las niñas turcas estén mejor protegidas contra estos odiosos delitos”, ha manifestado Boulierac.
Ante la controversia generada en el país, y las reacciones internacionales, el primer ministro Binali Yildirim ha pedido al autor del texto, el AKP (Partido por la Justicia y el Desarrollo) en el poder, que negocie con la oposición. Admitiendo que “desgraciadamente, los matrimonios precoces son una realidad”, el ministro de Justicia, Bekir Bosdag, asegura que la ley se ha pensado para “proteger a las niñas” y que no se aplicará en los casos en que la agresión sexual se haya cometido “sin fuerza, amenazas o cualquier otra forma de intimidación”. Una precisión que ha tenido inmediata respuesta de Amnistía Internacional, en palabras de la portavoz en Turquía, Sena Aksener: “El ministro de Justicia ha utilizado la expresión agresión sexual sin obligaciones. Pienso que no hay nada más que añadir”. Por su parte, la directora adjunta de Amnistia Internacional Europa, Gauri van Gulik, ha considerado que el proyecto de ley puede enviar un «mal mensaje» y propiciar nuevos abusos: “es imposible garantizar si ha habido consentimiento pleno de la niña, y no solo de su familia”.
En teoría, la edad mínima legal para casarse en Turquía son los 17 años, con autorización de los padres. En circunstancias excepcionales, y siempre que cuenten con el aval de un juez, la ley permite que puedan casarse niñas de 16 años. En julio pasado, el Tribunal constitucional se pronunció a favor de retirar del código penal una disposición que definía como “abuso sexual” cualquier acto sexual con una menor de 15 años.
Estos asuntos llevan años escandalizando a la sociedad turca. Una petición pidiendo al gobierno que bloquee la proposición de ley ha recogido ya más de 750 000 firmas.
#NopodemoslegitimarlaViolación
Turquía, menores violadasEn Twitter y en turco, #TecavüzMesrulastirilamaz se ha hecho viral. Algunas celebridades del país, e incluso una asociación que preside la hija del presidente Erdogan, han manifestado públicamente su preocupación a propósito del texto propuesto.
Aunque no existen estadísticas oficiales, el matrimonio precoz es una realidad en Turquía, sobre todo en el este del país. Las jóvenes no pueden oponerse, sometidas a las presiones del entorno.
En mayo de 2016, el semanario francés L’Express publicó un amplio reportaje titulado “El sultán y las mujeres: ¿Qué futuro para las turcas?”, firmado por Charles Haquet y Burçin Gerçek, en el que se encuentran detalles tan jugosos como que Erdogan cree que las mujeres deben tener al menos tres hijos y que cada día muere en Turquía una mujer, bien asesinada directamente por su marido, bien a consecuencia de los malos tratos recibidos. Una cifra avalada por la cineasta Melek Özman quien, apoyada por una decena de asociaciones de defensa de las mujeres, ha llevado a cabo un estudio sobre los 949 asesinatos de mujeres, cometidos entre 2009 y 2013: “En la gran mayoría de los casos, se trataba de mujeres asesinadas porque querían dejar a sus maridos. Hay también muchos ‘crímenes de honor’, sobre todo cuando las esposas son objeto de rumores malintencionados. Si lo denuncian, en muy pocos casos consiguen ayuda de las autoridades. En cambio, los criminales disfrutan de gran impunidad. A veces incluso, los policía les ayudan a hacer la declaración, para que no tengan problemas”.
Unas palabras que confirma Melda Onur, ex diputada del CHP, partido de oposición heredero del movimiento creado en 1923 por Mustafá Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna y laica: “He asistido a numerosos procesos por asesinato de mujeres. Con frecuencia, los jueces aplican curiosas circunstancias atenuantes a los asesinos, como los celos por ejemplo”.
Esta justicia laxista cuenta con el apoyo implícito del presidente Edogan y su partido AKP. “En la ideología islamista, tal como la concibe Erdogan, la mujer turca solo existe como madre” dijo a los autores del reportaje Lale Akgün, alemana de origen turco y exdiputada del SPD (partido Socialdemócrata) en el Bundestag. “Su papel está muy claro, tener al menos tres hijos como dijo en 2013, y permanecer en casa para educarlos”.
Solo el 30 % de las mujeres turcas trabajan. En la Asamblea Nacional representan solo el 14 % de los diputados. Cada vez hay más mujeres que llevan velo, y cada vez tienen menos libertad de movimientos. Reducida a la función de procrear, cada vez cuenta menos para el poder islamista; y no digamos para la familia, a la que está sometida de por vida. Porque “resistir al hombre, intentar escapar de la célula familiar es poner en peligro el modelo de sociedad que tanto gusta a Erdogan”, y a muchos jueces que no están dispuestos a facilitarles la vida a quienes piden el divorcio.
Para el irreductible ministro de Justicia Bekir Bozdag, que prepara una nueva ley para dificultar los divorcios, estableciendo condiciones muy estrictas para la concesión de una pensión a las mujeres y el reparto de los bienes gananciales, “la intervención del estado (en los casos de violencia conyugal) ¿contribuye realmente a salvar el matrimonio o, por el contrario, imposibilita la reconciliación?». Lo más chocante- considera Hülya Gülbahar, abogada que ha testimoniado ante la comisión parlamentaria que se ocupa del proyecto- es que nadie ha pedido la opinión de mujeres divorciadas. Solo se han tenido en cuenta los testimonios de hombres ».
Las dos caras de Erdogan
En los primeros años en el poder, el AKP trabajó para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En el Código penal de 2005 se consideraba un delito la violación conyugal. La lucha contra la violencia doméstica se plasmó en una ley, lo que significaba un notable progreso porque, según un estudio de la Universidad Hacettepe, de Ankara, 4 de cada 10 turcas la padecen.
Según la oposición, Erdogan reveló su auténtico rostro cuando Bruselas dio la espalda a las aspiraciones turcas de ingresar en la Unión Europea, tras años de infructuoso acercamiento. Convertido en Presidente de la república, y liberado de la obligación de “gustar” a los europeos, ”dio rienda suelta a su naturaleza ultraconservadora”. El 24 de noviembre de 2014 aseguró que las mujeres no pueden ser consideradas iguales a los hombres. Pocos meses antes, su vicrrpimer ministro, Bülent Arinç, pedía a las jóvenes “que no rieran en alto en público y protegieran su honor”. Más recientemente, el alcalde AKP de Bingöl decía que no tiene mujeres en su equipo porque no son capaces de desempeñar esas funciones. Y el pasado 9 de marzo, Emine Erdogán, esposa del Presidente, declaró que “el harem es una escuela para prepara a mujeres para la vida”. Sin comentarios.
En 2012, el propio Erdogan se empeñó en reducir el tiempo para abortar de diez a cuatro semanas de embarazo y, aunque las manifestaciones multitudinarias le hicieron dar marcha atrás, en la práctica es muy difícil abortar en Turquía; muchos especialistas hacen objeción religiosa o patriótica. Aparte del precio de la intervención, equivalente a unos 500 euros, el salario medio mensual.
