La Procuraduría General de la República de México (PGR) ha procedido este viernes 28 de febrero a intervenir las actividades de la empresa Oceanografía, Sociedad Anónima de Capital Variable, una de las principales suministradoras de la petrolera pública Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con las explicaciones del procurador general, Jesús Murillo Karam, el 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública a solicitud del Órgano Interno de Control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normativa de contrataciones públicas.
Ante ello, Banamex, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió a Pemex una revisión y cotejo de la información que ésta presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex.
Como resultado de dicha revisión, se advirtieron inconsistencias en la documentación que podrían estar tipificadas como delito. Por ello, la procuraduría inició una averiguación previa, tomando de inmediato el Ministerio Público de la Federación la determinación de suspender las actividades de la empresa de forma inmediata.
El efecto que se busca con esta acción, según Murillo, es preservar, primero, las fuentes de empleo; segundo, los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores.
El procurador aseguró que “en este momento, la Procuraduría General de la República se encuentra trabajando con la colaboración de autoridades hacendarias y financieras del propio banco, a fin de que a la brevedad se establezcan las responsabilidades penales que en su caso correspondan y recuperar lo más pronto posible los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos, así como proteger y preservar el trabajo y los derechos de los trabajadores de la empresa”.
Damnificados y responsables
El gran perdedor en este caso va a ser, en principio, Citigroup Inc, quien ha informado que acaba de descubrir un fraude en su unidad en México, lo que lo llevó a recortar su ganancia neta de 2013, en 235 millones de dólares (algo más de 170 millones de euros).
Segú el comunicado emitido por la entidad, prestaron 585 millones de dólares (casi 424 millones de euros) a corto plazo a Oceanografía a través de Banamex (Banco Nacional de México), quien ocultó que la empresa había sido suspendida por Pemex a principios de febrero debido al incumplimiento del pago de 10% de fianza en contratos.
En cuanto a los responsables, hay gente de muy alto nivel social. Según informaba la revista Proceso en noviembre del año pasado, durante los gobiernos panistas Oceanografía fue favorecida con la asignación de contratos por parte de Pemex, que con “maniobras marrulleras” le dio a ganar miles de millones de pesos a Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, la mujer del expresidente Vicente Fox. Sólo en el periodo 2010-2012, a partir de la asignación de cinco contratos, Pemex favoreció a Oceanografía con ingresos brutos por valor de 3.250.455.303 pesos (177.464.367 euros).
Según cuenta Proceso, desde los primeros días de su llegada a la presidencia, Peña Nieto puso el ojo en Pemex y abrió una investigación confidencial en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fuera subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo. Ávila Lizárraga, además, había sido apadrinado por Juan Camilo Mouriño, mano derecha del anterior presidente, Felipe Calderón.
En la “limpieza” de la petrolera también cayó recientemente el controvertido presidente del sindicato, Carlos Romero Deschamps, un sindicalista con millones en sus cuentas, un buen patrimonio, y dos hijos que han proclamado durante años el lujo en el que estaban envueltos. Por supuesto, todo ello salió siempre de la petrolera.
Hay que aclarar que en México, los sindicatos no tienen nada que ver con las fórmulas españolas. Controlan a millones de personas que, de otra manera, no podrían trabajar en el sector correspondiente. La cuota de afiliación se descuenta directamente de los sueldos (como en los antiguos sindicatos “verticales” españoles). Los sindicatos están exentos de impuestos y no tienen que rendir cuentas al gobierno, ni a departamento alguno. Son ellos, y sus cuadrillas de trabajadores. Si eres electricista, por ejemplo, o perteneces al sindicato o te buscas otro país donde trabajar. Así de sencillo.
