Amnistía Internacional ha expresado preocupación ante la detención el pasado 27 de diciembre en Madrid del activista político de Kazajistán Muratbek Ketebayev, de acuerdo con una orden de extradición. Ketebayev, miembro destacado de la oposición al régimen autoritario de Nursultán Nazarbayov, fue declarado en 2013 refugiado en Polonia.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades judiciales españolas que decreten su inmediata puesta en libertad y recuerda que su condición de refugiado prohíbe de forma clara la extradición a su país.
“Es muy preocupante que España siga deteniendo a personas reconocidas como refugiadas y tramitando extradiciones a países donde es muy probable que sufran torturas u otros malos tratos y sean condenadas debido a su oposición política”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Las autoridades polacas concedieron a Ketebayev el estatuto de refugiado dada su condición de opositor al régimen de Kazajistán, vicepresidente del partido Alga! y a la persecución política que sufría en su país. A raíz de unas protestas en el sector petrolífero en 2011, se produjeron detenciones y órdenes de persecución contra líderes y activistas de este partido, incluido su presidente Vladimir Kozlov. Un año después, Kozlov fue condenado a siete años y medio de prisión y fue adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia, por lo que ésta exige su liberación.
La detención de Ketebayev se une a la ocurrida en España en julio de 2013 del disidente kajazo Aleksandr Pavlov. Amnistía Internacional cree que estas dos solicitudes de extradición de Kazajistán se basan en la relación de ambos con Mukhtar Ablyazov, destacada figura de la oposición que huyó de Kazajistán en 2009 y fue reconocido como refugiado en el Reino Unido en 2011.
Pavlov, de 37 años, fue durante varios años jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov, y actualmente está esperando el reexamen de su solicitud de asilo. Amnistía Internacional teme que pueda ser extraditado a su país en caso de que finalmente no se le reconozca como refugiado.
Según el derecho internacional, España tiene la obligación absoluta de no devolver a ninguna persona a un país donde correría un riesgo de persecución o donde su vida y libertad puedan estar en riesgo. Dado que en Kazajistán la tortura y los malos tratos son métodos de interrogatorio habituales, Amnistía Internacional reclama que Murakbek Ketebayev, reconocido como refugiado, sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional y se denieguen las solicitudes de extradición de Muratbek Ketebayev y Aleksandr Pavlov .
Un problema europeo
Amnistía Internacional alerta de que algunos Estados pueden estar abusando de las órdenes de detención internacional contra personas refugiadas y opositoras políticas. En Kazajistán se han abierto diversas causas contra activistas políticos, en particular con personas vinculadas al líder opositor Mukhtar Ablyazov y se han dictado órdenes de detención internacional sobre ellas. Los países europeos están cursando estas solicitudes de extradición a pesar del riesgo de tortura, malos tratos y juicio injusto que pueden sufrir los opositores en Kazajistán.
El propio Ablyazov fue detenido en Francia en julio de 2013, donde todavía sigue pendiente el proceso judicial para su extradición a Rusia. Amnistía Internacional considera que en el caso de que se ejecute, existe el peligro de que Ablyazov acabe siendo enviado a Kazajistán, donde habría un grave peligro de que sea torturado.
Asimismo, la mujer de Ablyazov, Alma Shalabayeva, y su hija, que tenía entonces seis años, fueron expulsadas de Italia en mayo de 2013. La extradición, calificada por Amnistía Internacional como “ilegal”, se produjo inmediatamente después de su detención por parte de la policía italiana y sin las mínimas garantías judiciales. Ya en su país, Shalabayeva permaneció junto a su hija 7 meses bajo custodia, acusada de falsificar su pasaporte. Finalmente, gracias a la presión internacional, fue puesta en libertad.
Amnistía Internacional reclama a España que proteja los derechos humanos de los refugiados y denieguen las solicitudes de extradición a países donde existe riesgo de tortura o juicio injusto a opositores políticos como es el de caso de Kazajistán.
