El Consejo de Ministros de España ha aprobado un Real Decreto-ley para afrontar la subida de los precios de la electricidad, mejorar la información a los consumidores, reducir la factura energética y «acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética», informó este viernes 5 de octubre de 2018 la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Greenpeace ha valorado que el Gobierno proponga formalmente eliminar el impuesto al sol y otras barreras al autoconsumo, aunque alerta que la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto especial sobre Hidrocarburos para electricidad tiene que ir acompañada de otras medidas fiscales para que “quien contamine pague”.
En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros del viernes 5, la ministra afirmó que el Real Decreto-ley es la respuesta del Ejecutivo ante la llegada del invierno y el paso previo a la reorientación de una política energética del país «en la que los criterios de renta tengan prioridad en el reparto de la contribución solidaria de la sociedad española para con los colectivos más vulnerables».
La norma incluye medidas para luchar contra la pobreza energética que afecta a 4,6 millones de españoles. En este sentido, el Gobierno amplía los supuestos para que más colectivos puedan acogerse al bono social eléctrico, como las familias monoparentales y personas dependientes en los grados 2 y 3.
Ribera ha anunciado que, además, se crea un bono social térmico: «Incrementamos en un 15% el beneficio del bono social e incluimos prohibiciones y limitaciones de cortes de suministro durante el invierno, y añadimos la creación de un bono social térmico para cubrir las necesidades de calefacción, del que se podrán beneficiar las mismas personas que son beneficiarias del bono social eléctrico».
Protección a los consumidores y fin de ‘impuesto al sol’
El Real Decreto-ley elimina las barreras regulatorias que, hasta el momento, dificultan y desincentivan la implantación del autoconsumo eléctrico en España, como el denominado ‘impuesto al sol’: «Creemos que una de las medidas que más puede contribuir a una modernización de nuestro sistema eléctrico es aceptar con total naturalidad que hay productores consumidores, en mayor número y mucho más diversos» de los que hasta ahora ha tenido el panorama eléctrico, dijo.
La ministra ha apuntado que un país tan rico en sol como España cuenta con mil instalaciones de pequeña potencia frente al más de un millón existente en Alemania: «Tenemos un largo recorrido para mejorar, modernizar e incorporar a nuestro sistema el autoconsumo».
Por otra parte, Teresa Ribera ha avanzado que se eliminarán algunas trabas burocráticas para favorecer la gestión de las recargas eléctricas para los automóviles.
Asimismo, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo para la entrada en funcionamiento de los 9000 megavatios de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables.
Rebaja de la fiscalidad
Como medida ante la subida del precio de la luz experimentada en los últimos meses, la ministra ha anunciado que se suspende durante seis meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda, el impuesto del 7 % sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica: «Entendemos que esta medida tendrá un impacto en el consumo medio de los hogares de alrededor del cuatro por ciento de la factura».
Ribera ha manifestado que se trata de «una medida de alivio» mientras el Gobierno trabaja en dos grandes estrategias: la Estrategia Nacional contra la pobreza Energética y la Estrategia de Transición Justa.
Greenpeace pide medidas complementarias para favorecer el auto consumo eléctrico
“Hoy se ha dado un paso imprescindible para acabar con el impuesto al sol en España. Este engendro inventado por las eléctricas y todas las trabas al autoconsumo nunca tuvieron sentido: hace ya tres años que se hurtó a la sociedad española la posibilidad de disfrutar de la solidaridad de los autoconsumidores en nuestras facturas eléctricas y en el medio ambiente”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace. ”Es hora de que se reconozca este derecho. Ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados”.
Elementos positivos de la iniciativa del Gobierno:
Autoconsumo e impuesto al sol
Greenpeace celebra las medidas propuestas por el Gobierno para reconocer el derecho ciudadano a autoabastecerse con electricidad renovable en la medida en que estas recogen las propuestas de la Proposición de Ley de Autoconsumo y, especialmente, que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo equiparando por fin el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. También que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico y contribuir a la lucha contra la pobreza energética. Además, Greenpeace valora positivamente que se simplifique la tramitación administrativa especialmente para las instalaciones pequeñas.
Greenpeace recuerda que también es fundamental que se reconozca el derecho de percibir una remuneración justa por la electricidad excedentaria vertida a la red por los autoconsumidores.
Sin embargo, otras medidas como la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para la generación de electricidad, como únicas medidas fiscales, generan serias dudas ya que responden solo al objetivo de bajar la factura de la luz y no al de impulsar cambios estructurales que resuelvan los motivos de base de unos precios de la luz crecientes: la concentración de todas las actividades del sector en manos de cinco grandes empresas y la dependencia extrema de energías contaminantes y caras como los combustibles fósiles y la nuclear.
Mayor información
Greenpeace celebra toda medida de información y transparencia en la factura de la luz para que se pueda actuar sobre el consumo para bajar los gastos y ayudar el medio ambiente. En este sentido es interesante que se pueda ajustar la potencia contratada a la realmente demandada mejorando así la señal de precio para el ahorro de electricidad. Esta medida es un buen paso adelante a la espera de reducir el peso de la parte fija de la factura, elemento fundamental para fomentar el ahorro de electricidad.
Pobreza energética
Greenpeace celebra las medidas propuestas ya que, como ha demostrado en su informe “Desmontando el Impuesto al sol”, harán más atractivo para las administraciones locales invertir en instalaciones de autoconsumo como medida de apoyo a los hogares afectados por pobreza energética.
Sin embargo, parece que el Gobierno no ha incluido en las medidas para reducir la factura de la electricidad y contra la pobreza energética el autoconsumo de proximidad tal y como hace, por ejemplo, Grecia permitiendo que las instalaciones en los tejados públicos puedan abastecer gratuitamente de electricidad a las familias vulnerables. Sin legalizar el autoconsumo virtual de proximidad también aquí en España iniciativas tan innovadoras seguirán siendo imposibles.
Supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica e Hidrocarburos
Acerca de la supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos para la generación de electricidad, Greenpeace advierte nuevamente que esta medida, si no se produce en el marco de una reforma fiscal ambiental más amplia, acabará favoreciendo a las centrales más contaminantes como las centrales térmicas de combustibles fósiles y a las nucleares.
Por esto Greenpeace lamenta que el Real Decreto Ley propuesto hoy no aborde aún los beneficios injustificados de nucleares y gran hidráulica (windfall profits) que encarecen la luz y siguen favoreciendo a una industria contaminante como la nuclear. Greenpeace recuerda que es imprescindible que toda medida que aborde el precio de la luz ha de incorporar urgentemente una reforma de la fiscalidad energética que introduzca el principio de “quien contamina paga”, tal y como ha anunciado hoy la ministra de Transición Ecológica.
Además, la organización ecologista insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes grupos eléctricos integrados verticalmente para evitar abusos y manipulación del mercado provocados por la posición dominante de estas empresas.
El Real Decreto Ley de Medidas urgentes para abaratar el precio de la luz ahora tendrá que ser sometido al Congreso de los Diputados que, en un plazo máximo de un mes, podrá ratificar la situación de urgencia que ha llevado a la promulgación de la norma o rechazar la medida. El Congreso sólo podrá aprobarlo o rechazarlo, pero no modificarlo.
Demandas de Greenpeace
Greenpeace pide al Gobierno que:
- Siga trabajando para habilitar en la legislación española la modalidad del autoconsumo compartido virtual o de proximidad para que las administraciones locales puedan usarlo en la lucha contra la pobreza energética.
- Apruebe a la mayor brevedad posible una reforma fiscal energética ambiental que incorpore el principio de “quien contamina paga”
- Avance en la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas y las reguladas del sector eléctrico, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales
- Plasme objetivos de renovables más ambiciosos y un plan ordenado de cierre del carbón y la nuclear antes del 2025 tanto en el Plan Integrado de Clima y Energía (que el Gobierno deberá entregar a Bruselas en cumplimiento de la política energética a 2030) como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estos deberán estar en línea con la consecución de un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes de 2050.