España hoy: dos relatos sobre el “relator”

Curiosamente, el papel del relator como figura política tiene hondas raíces en España, ocupando un importante papel en los Consejos y Cancillerías de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII

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Eduardo Madroñal[1]

Con el fondo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para España en 2019 aparece el “factor Cataluña”, a cuenta de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar a un “relator” que convoque y coordine las reuniones de la mesa de la que forman parte los diferentes partidos políticos, “dé fe” y tome actas del contenido de ese proceso de diálogo.

Carmen Calvo
Carmen Calvo

El anuncio se produce un día después de que ERC presentara una enmienda a la totalidad a los presupuestos, que deberá votarse el próximo día 13 de febrero.

Inmediatamente, el PP y algunos medios han calificado esta propuesta de “cesión intolerable” para conseguir el apoyo de ERC y PDeCAT a los presupuestos, y de “una humillación que equipara el Estado de Derecho con el golpismo independentista”.

¿Pero qué es, y qué supone, la figura del “relator” que el gobierno de Pedro Sánchez propone? ¿Se le ha dado a Torra y Puigdemont lo que reclamaban?

El relator es una figura que existe en el ordenamiento jurídico español. Son funcionarios encargados de ordenar y facilitar a los juzgados, cuando estos son colegiados, determinados expedientes. Curiosamente, su papel como figura política tiene hondas raíces en España, ocupando un importante papel en los Consejos y Cancillerías de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. En la actualidad, la ONU ha utilizado la figura de los “relatores especiales”, encargados de presentar informes sobre temas específicos.

A falta de una mayor concreción, la vicepresidenta Carmen Calvo ha anticipado que el “relator” nombrado para las reuniones de la mesa de partidos será “alguien que sea capaz de decir, ‘nos convocamos, tomo nota de lo que vamos hablando’, un poco la figura de lo que hace un relator en el Congreso, alguien que entiende lógicamente de política, no vamos a sentar a alguien ajeno a la situación de Cataluña en España”. Dejando claro que “no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley”.

Este es un aspecto clave. Lo que las élites independentistas exigen, y así queda reflejado en las veintiuna condiciones que Torra entregó a Pedro Sánchez en la última reunión previa al Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, es un “mediador internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad”.

Ni habrá “mediador” ni será “internacional”. Eso supondría equiparar a “Cataluña” y “España” como dos países en conflicto, que necesitan una “autoridad internacional” que dirija el proceso.

Nada de eso va a suceder. Y conviene dejarlo claro.

La labor del “relator” propuesto no intervendrá en las reuniones que se celebren entre el gobierno central y el de la Generalitat, sino solamente en las que se establezcan entre los diferentes partidos en Cataluña.

Se puede discutir la idoneidad o no de esta propuesta, un gesto por parte del gobierno que busca desencallar la negociación de los presupuestos. Pero no se debe sembrar una confusión interesada, sobre “cesiones” y “humillaciones”, que solo beneficia a las élites independentistas.

En la misma sesión del Senado donde se anunció la propuesta de nombrar un “relator”, la vicepresidenta Carmen Calvo dejó claro que “habrá diálogo dentro de la ley y la Constitución”. Y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, remarcó que “el objetivo es encontrar soluciones en el marco de la Constitución”, y que “si el independentismo pone condiciones imposibles” (que el gobierno se inmiscuya en el juicio del procés o celebrar un referéndum soberanista) “habrá que suspender la terapia del ibuprofeno”, la de otorgar concesiones para desinflamar el conflicto.

Vamos a asistir a una batalla, en la que las élites independentistas van a intentar aprovechar el proceso de negociación de los presupuestos, para sembrar una interesada confusión. Presentando al “relator” como un “mediador” entre dos gobiernos en pie de igualdad, o como la confirmación de “las deficiencias democráticas del Estado español”.

Habrá que tener cuidado y estar alerta.

  1. Eduardo Madroñal Pedraza es profesor de instituto en España.

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