El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial, que impone restricciones al ejercicio de la jurisdicción universal en España, informa Amnistía Internacional.
La iniciativa limita aún más la ya estrecha posibilidad de investigación de crímenes de derecho internacional en España para los casos en los que el presunto responsable sea español o, en algunos casos, la víctima fuese española en el momento de los hechos.
Para Amnistía Internacional se trata de un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos.
En noviembre de 2009, el Parlamento español aprobó una reforma que menoscababa el principio de jurisdicción universal. Amnistía Internacional, junto con más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones y sindicatos, así como 12.000 particulares, denunció esta reforma y la falta de transparencia y debate con la que se llevó a cabo. Sin embargo, esta nueva proposición presentada por el Grupo Popular va más allá, eliminando la disposición del actual artículo 23.4 que permite investigar casos en los que “existiese algún vínculo de conexión relevante con España”, un precepto que daba cierto margen para que los jueces de la Audiencia Nacional pudieran investigar estos delitos.
“La reforma propuesta por el Grupo Popular desvirtúa totalmente el contenido y alcance de la jurisdicción universal”, ha declarado Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España.
Jovtis ha señalado, además, que “la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI) no excluye el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales nacionales”. Por un lado, por el hecho de que algunos países como China, Estados Unidos o Rusia, entre otros, no se han sometido a la jurisdicción de la CPI. Por otro lado, porque la competencia de la CPI está limitada a aquellos crímenes tipificados en el Estatuto de Roma de la CPI, cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de su entrada en vigor. Y por último, porque el sistema de la CPI se basa en la complementariedad respecto de las jurisdicciones nacionales de los Estados Partes.
Reconocimiento internacional
España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no son “intocables”, que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para éstos. Investigaciones por parte de España de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, eran algunos de los ejemplos positivos.
Por eso esta iniciativa, que coincide con la campaña que el Gobierno español está llevando a cabo para ser miembro del Consejo de Seguridad, significa un considerable paso atrás y empaña el compromiso español con el sistema universal de derechos humanos. En resumidas cuentas, España transmite así el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos.
La lucha contra la impunidad
Las víctimas de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación. Amnistía Internacional reitera que un Gobierno comprometido con los derechos humanos debe dar los pasos oportunos para reforzar el sistema de justicia internacional a través de su apoyo a la Corte Penal Internacional y su compromiso real con el principio de jurisdicción universal.
En ese sentido, la organización recuerda al parlamento español que el principio de jurisdicción universal es una herramienta fundamental para todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos. Por eso mismo, AI se dirigirá a los grupos parlamentarios para exigir que cualquier restricción en la aplicación de la jurisdicción universal sea rechazada.
