Greenpeace escala el Faro de Moncloa en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Gobierno de España ha aprobado hoy un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana calificada por el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, de «ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social, pues la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes».
Joaquim Bosch sostiene que no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana y por ello «se constata con claridad que la nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político. Y lo hace a costa de restringir las libertades».
Sin duda, nos encontramos en un contexto de conflictividad social, propio de una sociedad democrática, agrega el portavoz de JpD, pero el Gobierno lo que debe hacer es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre su gestión y no castigar la disconformidad a través de las leyes estatales: «sin embargo, el Gobierno está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público».
Añade que el Gobierno «solo ha suavizado algunos aspectos del anteproyecto que eran notoriamente inconstitucionales. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas».
Considera que con esta regulación el Gobierno «busca vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Con la nueva ley el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía».
Bosch concluye que con toda esta regulación «no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana», sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. En conjunto, la reforma que se impulsa «resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales».
Greenpeace se opone a que el Gobierno limite la protesta pacífica
Cuatro activistas de Greenpeace han escalado hoy el mirador del Faro de Moncloa en Madrid para mostrar el rechazo de la organización al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Durante su ascenso los activistas han mostrado pancartas con el lema «NO a la Ley Mordaza» para mostrar el descontento con una ley que castigará duramente la protesta pacífica y la desobediencia civil.
«Hemos elegido el Faro de la Moncloa por su situación frente al Palacio de la Moncloa, donde se celebra el Consejo de Ministros. Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin conocer los últimos detalles y aunque el nuevo texto pueda haber resuelto los conflictos constitucionales e irregularidades que exhibía, no ha desaparecido su esencia intencionadamente represora», ha señalado Sara del Río, portavoz de Greenpeace.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado una rebaja en la dureza represora de la Ley, Greenpeace subraya que se opone a su propia esencia, pues sigue limitando la capacidad de respuesta ciudadana ante reformas gubernamentales a través de sanciones.
«El secretario de estado de Interior ha escuchado las demandas de Greenpeace, pero ha hecho caso omiso de ellas, especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares», ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
La organización recuerda que la modificación de la Ley no parte de una demanda social, sino de un afán de control de las protestas sociales por parte del Gobierno. Su aplicación sancionará formas de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Greenpeace sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana es una pieza más de un entramado de reformas legislativas dirigidas a penalizar y poner trabas a la protesta pacífica y la disidencia, en el que se encuentra también la reforma del Código Penal. Al transferir del Código Penal a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana algunas conductas vinculadas a la protesta pacífica, el Gobierno ha simulado una rebaja de su sanción, pero realmente está eliminando control judicial y confiriendo todo el poder sancionador a la autoridad administrativa, dependiente del poder político. Además, la ya aprobada Ley de Tasas pone trabas al acceso a la justicia al establecer tarifas para recurrir cualquier sanción aplicada en base al nuevo texto.
«No parece casualidad que el Gobierno recurra al verano para aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, tan controvertido y con tanto rechazo social. De esta forma dificulta el debate, la crítica y la respuesta ciudadana. Un ejemplo más de lo mucho que molesta la participación de la ciudadanía al Gobierno y lo poco que interesa su opinión», ha declarado Sara del Río.
Digámoslo claramente ahora que aún podemos durante unas semanas. Es una ley totalitaria, propia de un gobierno criptofascista o, qué demonios, claramente fascista, no hay más que escucharles hablar. Al igual que el PP, Hitler también llegó al poder por métodos democráticos y se puso a hacer lo que este Partido Podrido está empezando a hacer ¿Cuánto tardarán en hacernos rellenar nuestra confesión religiosa en el DNI? El paso siguiente no digo que sea la Alemania de los años 40 pero sí algo como la Irlanda del Norte de los 70 con los nazionalcatólicos al control