La fiscalidad ambiental en España sigue muy por debajo de la media europea y en los PGE 2018 representa un 5 % de los ingresos del Estado
El presupuesto de medio ambiente en España ha sido una de las principales víctimas en los años de crisis según ha podido comprobar Greenpeace tras analizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y compararlos con los de los últimos diez años.
Desde 2008, los programas gestionados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente han visto reducido su presupuesto en un 56,5 %. Esta cifra podría ser incluso mayor si no se hubiera producido este año una tímida subida de un 3 % con respecto a 2017.
Sin embargo, este mínimo repunte no resulta significativo, si se atiene a otros indicadores como el nuevo “hachazo” sufrido por la Oficina de Cambio Climático, que ya en 2017 perdió un 45 % de su presupuesto y que este año vuelve recortar otro 20 %, y reduce así significativamente su peso político.
“El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 no da respuesta a los grandes retos medioambientales y sociales de la actualidad, por eso es necesario una revisión profunda que ponga a las personas y a la naturaleza delante de los intereses de determinados sectores empresariales”, ha comentado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
Costas, aguas y agricultura
La organización ecologista también destaca que el presupuesto para actuaciones en la costa se ha reducido en un 69 % desde 2008, y que actualmente las inversiones se centran (93 %) en renovar y construir paseos marítimos y la regeneración de arena de playa, mientras que la conservación del litoral solo recibe el 7 % restante. Respecto a la gestión del agua, en 2018 el programa de Gestión e Infraestructuras del Agua ha incrementado su presupuesto un 2,5 % y el que se dedica a calidad ha tenido un recorte del 3,2 %, lo que indica que se apuesta por uso intensivo del agua mientras da la espalda a las políticas de gestión sostenible de los recursos hídricos.
La apuesta por la agricultura ecológica es insuficiente: solamente se destina el 2,7 % del presupuesto total del programa de Competitividad y Calidad Alimentaria a este fin, y la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020 ni siquiera cuenta con un presupuesto asignado en los PGE.
Energía y cambio climático
La transición energética es otra de las asignaturas pendientes en los presupuestos. Las políticas de gasto para Industria y Energía se centran principalmente en cubrir los costes del sistema eléctrico (65 %) y se sigue dando ayudas encubiertas al sector industrial para que pueda continuar contaminado. Por contra, aspectos como la movilidad sostenible, la promoción de las renovables y la eficiencia energética reciben solo el 6 %.
El Gobierno sigue gastando grandes cantidades de dinero para la transición del carbón. Desde 2013 hasta 2021 hay asegurados 2128 millones de euros en ayudas y este año el 5,7 % del presupuesto de Industria y Energía se dedica a ello. Sin embargo, poco o nada se está haciendo para buscar alternativas. De hecho, España es el único país de Europa occidental que aún no tiene planes para el abandono progresivo del carbón.
Fiscalidad verde
El principio quien contamina paga está prácticamente ausente de la fiscalidad en los PGE y en 2018 los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos)tan solo representan el 5 % de los ingresos del Estado. De hecho, España está en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes con un porcentaje respecto al PIB del 1,86 % , frente a la media del 2,56 %.
“No hacer nada frente a cuestiones como el cambio climático puede ser muy costoso (100.000 para toda la Unión Europea) pero poner en marcha medidas para frenarlo puede suponer una oportunidad económica con la creación de miles de empleos en el sector de las renovables e impactos positivos en la salud y el medio ambiente”, ha declarado Alicia Cantero, coordinadora del análisis.
Privilegios para Defensa
En 2018, el Ministerio de Defensa ha sido uno de los que más ha aumentado su presupuesto (10,6 %). De hecho, en los dos últimos años ha subido un 40 % (en la crisis solo sufrió un recorte del 4,5 %), mientras que las partidas presupuestarias destinadas a Servicios Sociales y Promoción Social solo han aumentado un 4 % desde el 2016, tras reducirse en un 37 % desde el comienzo de la crisis.
Los datos de este informe están abiertos y disponibles para quien los desee, y en esta línea, Greenpeace también reclama mayor transparencia para los presupuestos que permitieran un mejor control, lo mismo que una mejora en la perspectiva de género. “Son necesarios indicadores y una visión diferenciada del impacto de las actuaciones presupuestarias entre hombres y mujeres”, ha concluido Cantero.
