España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de trabajadores pobres y es el quinto con más personas en riesgo de pobreza extrema con un 21 % de la población en esta situación sin visos de cambio por delante de Bulgaria, Rumanía, Lituania y Estonia.
Obviamente por estos datos, el país cae al 16, 9 % en los cumplimientos de los establecidos por la ONU para la Unión Europea. Aunque en términos generales el estudio de Eurostat augura un ligero avance y mejora en casi todos los países, no sucede con España que se acerca lentamente a estar enmarcada dentro de los países de riesgo; trabajadores pobres, paro y envejecimiento de la población.
Por ello, la autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal ha propuesto un sistema de ingresos mínimos para poder atajar esta situación alarmante en España. La pobreza que parece haberse instalado en las familias que aunque están trabajando cobran sueldos muy bajos que no les permiten ni siquiera sobrevivir. La propuesta pasa por abordar los casi dos millones de hogares en estado precario distribuyendo la renta y reduciendo así la tasa de pobreza severa.
Aunque el crecimiento global y económico de la nación es importante, este no afecta a la población que reduce su vida a una situación de miseria que no garantiza ni siquiera tener un trabajo. Desde que se ajustaran las políticas sociales en la gran recesión de los años anteriores la población española que envejece, acusa una peor calidad de vida que no puede recuperar. Trabajadores mayores de 45 años que llevan cerca de cinco años en paro, prejubilaciones a los 50 años y escaso empleo de calidad sumado al precario ofrecido a los jóvenes aspirantes, hacen de España un país en declive económico.
Los datos de la tasa AROPE dan constancia del riesgo de pobreza y la llamada exclusión social que apenas se ha reducido del 26.6 % al 26.1 respecto al año anterior. Escasez de salarios, pocas prestaciones, pensiones muy bajas sumadas a las situaciones descritas hacen que el paro se apodere de la sociedad, y afecte al 58,9 de la población, seguido del 16 % de las personas trabajadoras y el 15,1 % de los pensionistas.
La devaluación salarial, la insuficiencia de horas trabajadas por el aumento de trabajos temporales o a tiempo parcial, la rotación de contratos temporales dibujan un panorama que es necesariamente incompatible con el bienestar económico de las personas que curiosamente, tienen empleo.
Si a esto se le suma la inestabilidad del gobierno que apenas ha estado unos meses en el poder, y tras las elecciones de hace un mes Pedro Sánchez, el presidente en funciones, no logra pactos ni estabilidad. Esto supone que el país no puede esperar y reclama una reforma laboral integral y una estrategia que luche verdaderamente contra la pobreza y exclusión social de una España que cae en picado ante los ojos de la Unión Europea y que espera un gobierno de progreso que ponga en marcha el cambio necesario y evidente para que pueda revertir en cierta forma esta situación ya instalada en los hogares españoles.
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