Determinadas situaciones de la instrucción de los ERE parecen una parodia de Gila
Si no fuese porque está jugando con la vida de decenas de personas a las que mantiene imputadas a centenares –227 según el último recuento-, lo del episodio de la jueza Mercedes Alaya y la supuesta autorización recibida por teléfono desde el Tribunal Supremo para que siga instruyendo la causa mientras que esta instancia decide si se hace con ella o no sería para una de las parodias de Miguel Gila. ¿Está la jueza Alaya? ¡Que se ponga!
La portada de Alaya en un quiosco de Argentina, recogida por @rllacer
Sería de chiste si en el desarrollo de las diligencias que lleva Alaya no estuviesen imputadas personas cuya responsabilidad penal en todo el bochornoso proceso de los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía –la actuación de la jueza no quita un ápice a la gravedad de hechos ya manifiestos- sea igual a nada y que se han visto implicadas en el procedimiento judicial en la suerte de búsqueda de gran conspiración corrupta que la magistrada mantiene como teoría para su instrucción.
Sería de chiste si muchos de los imputados no tuviesen embargados judicialmente sus bienes sin capacidad de disponer de ellos en su vida ordinaria para que dentro de tres, cuatro, cinco, seis o siete años, o a saber cuándo, se les levanta la traba porque queden exculpados.
Sería de chiste si la suma de las fianzas no fuese estratosférica, alejada de cualquier cifra cercana a lo máxima que se haya podido defraudar.
Sería de chiste si no hubiese elementos objetivos sobre la vulneración del procedimiento y de derechos en la instrucción que esperemos no permita que a la postre queden libres los culpables del uso ilícito de fondos públicos.
Sería de chiste, por último, si al final el resultado de tanto bombo y platillo pudiese ser que no se supiese la verdad porque empeñada, como parece la jueza, en alcanzar la luna, no se diese cuenta que todo gira alrededor del dedo que la señala.
Justificar que se ha recibido –nadie sabe de quién- una llamada desde el Tribunal Supremo que le autoriza a seguir instruyendo es tan burdo, tan cutre, que choca frontalmente con una Administración de Justicia cuyo principal característica es que todo lo hace por escrito, hasta el punto que de las pocas cosas a la que se ha opuesto la Fiscalía en este proceso es a esto.
