El Partido Castellano (PCAS) promueve una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aguas 2000/60, en la que reclama que finalice el expolio del agua (en torno a 615 litros/segundo) que padecen desde hace 85 años los municipios burgaleses de Merindad de Montija y Valle de Mena, con el objetivo de abastecer de agua potable a Bilbao y otros municipios vizcaínos.
El PCAS reclama asimismo compensaciones por ese uso histórico que revertirían en inversiones para la comarca de Las Merindades y muy especialmente para los dos municipios más directamente afectados.
Los castellanistas burgaleses recuerdan que en 1928, y a petición del alcalde de Bilbao, el Ministerio de Fomento de la Dictadura de Primo de Rivera, otorgó una concesión de agua a perpetuidad al Ayuntamiento de Bilbao de los ríos Cadagua y Cerneja (en Las Merindades), para lo cual se construyó el embalse de Ordunte, de 22 hectómetros cúbicos de capacidad, en el Valle de Mena, que comenzó a ser operativo en 1934. Posteriormente, en plena Dictadura del General Franco, en 1961, comenzó a funcionar el trasvase Cerneja-Ordunte (que transfiere agua, en cantidades de 160 litros/segundo, desde la Merindad de Montija en la Cuenca del Ebro al río Ordunte, en la Cuenca Cantábrica, mediante una conducción de 5 kilómetros, de los cuales 2 son de túnel). La suma de caudales de ambos sistemas proporciona 615 litros/segundo de agua que abastecen a más de 200.000 ciudadanos del Gran Bilbao (el 67% de la población de la capital vizcaína, que obtiene el resto de sus recursos hídricos de abastecimiento de un embalse alavés de la cuenca del Zadorra), mediante un trasvase de la Cuenca del Cadagua (donde desemboca el Ordunte) a la Cuenca del Nervión.
Los castellanistas consideran obsoleto, anacrónico y neocolonial, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas (trasvase Cerneja-Ordunte, embalse de Ordunte, etc…), en plena democracia y en el actual Estado de las Autonomías, en territorio de Castilla y León pero bajo titularidad, discrecionalidad y gestión del Ayuntamiento de Bilbao (perteneciente a la Comunidad del País Vasco), que se apropia de cuantiosos recursos hídricos anualmente sin control ni ningún tipo de compensación económica, y denuncian esta situación, exigiendo su revisión.
El PCAS ya denunció públicamente esta situación en junio de 2010, y cursó sobre el tema diversas peticiones a la Junta de Castilla y León para que asumiena esta reivindicación, sin éxito. Los castellanistas también desarrollaron en 2011 diversas iniciativas ante el Parlamento Vasco y los grupos parlamentarios vascos, para buscar una modificación de la desfavorable situación de las comarcas castellanas en este conflicto, también sin resultados. Por ello, tras más de tres años de intentar la negociación a través de una vía dialogada, el Partido Castellano (PCAS) ha optado por llevar al ámbito judicial este contencioso, mediante su denuncia ante la Comisión Europea.
Los castellanistas argumentan su denuncia en razones ambientales, de equidad social y en el incumplimiento de la Directiva de Aguas de la Unión Europea 2000/60. Así la política de aguas de la Unión Europea desaconseja el trasvase de recursos hídricos de una Cuenca Hidrográfica a otra, como ocurre en el caso del Norte de Burgos, por razones ambientales y sociales. Igualmente, la Directiva de Aguas Europea condiciona este tipo de actuaciones a la imposibilidad de que la cuenca hidrográfica o la demarcación hidrográfica receptora satisfaga con sus propios recursos hídricos sus necesidades de abastecimiento de población, de producción de energía o de regadío, algo que obviamente no se da en el uso del agua del Cerneja y el Ordunte por el País Vasco. La denuncia del Partido Castellano (PCAS) toma en consideración además la ausencia de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de estas actuaciones y el posible incumplimiento de la Directiva de Hábitats en su funcionamiento. Finalmente, la base argumental de la denuncia del PCAS acaba con la denuncia de que no se cumplen en este caso los preceptos de la Directiva de Aguas que exigen repercutir a los usuarios los costes integrales y completos del agua, ni que los usos del agua se hagan con los costes sociales y ambientales más bajos; así los territorios del noreste de Burgos, con un grado de desarrollo social y económico muy inferior al existente en el País Vasco, no reciben compensación económica alguna por su agua.
Los castellanistas recuerdan que recientemente el Tribunal Supremo ha anulado el «Bitrasvase del Ebro» que trasvasaba agua del Ebro al sistema Besaya-Pas 26 hectómetros cúbicos anuales, por falta de motivación en las cuestiones ambientales, y que el tribunal de Justicia Europeo a condenado a finales de 2013 al Gobierno de España por incumplimiento de la Directiva de Aguas.
Los castellanistas reclaman que este contencioso puede encontrar una vía de solución si se abordan una serie de cuestiones como:
- El traspaso inmediato de la titularidad de todas las instalaciones hidráulicas correspondientes al trasvase del Cerneja-Ordunte y del embalse de Ordunte, existentes en territorio de Las Merindades y el Valle de Mena, la Junta de Castilla y León, cesando el Ayuntamiento de Bilbao en la propiedad de estas infraestructuras.
- Creación de una Tasa de Cesión de Agua, a cobrar por la Junta de Castilla y León, por el agua proporcionada al Consorcio de Aguas de Bilbao, equivalente al 20% del precio del agua distribuida a los usuarios del agua en Bilbao (actualmente en torno a 1,30 €/metro cúbico), lo cual sumaría una cantidad de 5 millones de euros/año de los cuales el 50% se entregaría a los Municipios de Merindad de Montija y Valle de Mena, y el restante 50% lo destinaría la Junta de Castilla y León a inversiones compensatorias en el resto de los municipios de Las Merindades.
- Establecimiento de una Compensación Económica Histórica por 85 años de usufructo del Agua de Las Merindades por el Ayuntamiento de Bilbao, periodo durante el cual se han trasvasado en torno a 1600 hectómetros cúbicos sin ningún tipo de contrapartida económica. Desde el Partido Castellano (PCAS) se estima razonable que esa Tasa Compensatoria se establezca en 10 céntimos/metro cúbico trasvasado históricamente, lo cual sumaria una cifra de 160 millones de euros, de los cuales el 50% se entregaría a los Municipios de Merindad de Montija y Valle de Mena, y el restante 50% lo destinaría la Junta de Castilla y León a inversiones compensatorias en el resto de los municipios de Las Merindades.
Desde el Partido Castellano (PCAS), se considera irónico que sean las decisiones de las dos dictaduras que ha padecido el Estado Español durante el siglo XX (Primo de Rivera y Franco) las que hayan servido para justificar el expolio del agua, procedente de una tierra empobrecida como la castellana, a favor de un pueblo rico como el vasco. Los castellanistas burgaleses, aprovechan la ocasión para denunciar el papel que una Comarca periférica de Castilla, como Las Merindades, tradicionalmente olvidada y marginada por sus instituciones, como la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos, ha jugado para el desarrollo del País Vasco sin recibir ningún tipo de compensación, beneficio o siquiera reconocimiento. Así, Las Merindades, además de proporcionar gratis el agua potable para el Gran Bilbao, han visto proliferar en su territorio peligrosas instalaciones nucleares como Santa Mª de Garoña, o cientos de aerogeneradores eólicos que han destrozado su paisaje, para proporcionar sin contraprestaciones la electricidad que ha generado tanta riqueza en el País Vasco. Una tierra la de Las Merindades empobrecida, envejecida y despoblada que ha dedicado a sus mejores hombres y mujeres, y a su producciones de materias primas, al servicio del desarrollo del País Vasco sin compensación alguna.
