El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que le pide que aclare las acciones que el ministerio que ella dirige está llevando a cabo para atender a los enfermos más graves de hepatitis C en España. El organismo adquirió el compromiso de dispensarles el medicamento de última generación sofosbuvir (comercializado desde principios de año por el laboratorio Gilead bajo el nombre comercial de Sovaldi), pero muchos de ellos aún no han tenido acceso al tratamiento.
La organización se suma así al llamamiento de la Asociación Nacional para la Defensa y Ayuda de los Afectados por la Hepatitis C (Andaahc) para que no se deje de atender a estos ciudadanos a pesar del precio del medicamento -60.000 euros para el total del tratamiento- y pide al Ministerio que se hagan públicos los motivos por los que este nuevo fármaco, que ha demostrado su eficacia en más de un 90% de los casos y que por tanto produciría un cambio radical en la salud de los afectados, no se está dispensando en España a instancias del organismo público en los casos de mayor urgencia.
La hepatitis C, una enfermedad que se transmite a través de la sangre, es asintomática, por lo que es difícil detectarla en una etapa temprana, pero puede evolucionar a hepatitis crónica y en menor medida a cirrosis y cáncer de hígado. Se le atribuyen unas 10.000 muertes al año en España y es responsable de la mitad de los mil trasplantes de hígado que se hacen al año.
En España se estima que hay entre 700 y 900.000 personas infectadas, de las cuales, en torno a 250.000 están diagnosticadas. De ellas, alrededor del 85% han comenzado a disponer en agosto de la terapia combinada de otros medicamentos y simeprevir, uno de los principios activos de última generación comercializado por los laboratorios Janseen con el nombre comercial de Olysio. Sin embargo, en este país hay en torno a 800 enfermos de hepatitis C en una etapa crítica de la dolencia (con riesgo de muerte en el corto plazo), que necesitan el sofosbuvir para combatir la enfermedad.
Las autoridades sanitarias del País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón han hecho público que están solicitando o en vías de solicitar la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para dispensar el medicamento a los enfermos más graves, a pesar de su elevado precio. FACUA ha pedido a la ministra Mato que aclare qué procedimientos se están llevando a cabo para autorizarlo y por qué no se ha generalizado a todo el territorio nacional, en aras de ofrecer el mejor tratamiento posible a los afectados por dicha enfermedad.
Rebelión europea e investigación pública
Por otro lado, FACUA también ha pedido a la institución sanitaria que justifique ante la ciudadanía por qué España no forma parte del grupo de quince países europeos que, a iniciativa de Francia, se han unido para exigir una rebaja del coste del fármaco Sovaldi.
Francia lidera a un grupo de países europeos -Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Portugal, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre, Croacia, Irlanda, Lituania y Luxemburgo- que se han unido para presionar al único laboratorio que comercializa el sofosbuvir en el mundo para que abarate el precio del mismo, 200 veces más caro que su coste de fabricación. El laboratorio ya rebajó la factura a países como Egipto, con un gran número de afectados por la enfermedad, y la terapia completa de Sovaldi cuesta alrededor de los 900 euros. El grupo de países, que se ha mostrado dispuesto a ampliar el número de miembros, ha firmado una declaración conjunta y desarrolla diferentes acciones para aumentar la influencia sobre la empresa comercializadora.
De la misma manera, la organización ha solicitado que se dé a conocer qué estrategias de investigación pública para el desarrollo de nuevos medicamentos que permitan curar esta enfermedad se están impulsando desde Sanidad. Si España contase con equipos de investigación fuertes y con altas dotaciones económicas podría producir la vacuna sin necesidad de comprarla a una empresa cuya motivación es el afán de lucro. De esta manera, se evitaría que el acceso a terapias tan importantes para los enfermos españoles se viese condicionado por un laboratorio con fines comerciales.
