Facua, Consumidores en Acción considera escasas, tibias y ambiguas las propuestas sobre protección de los consumidores incluidas la Propuesta abierta para un programa común progresista presentada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
La asociación lamenta que Sánchez no haya querido reunirse con dirigentes de Facua para escuchar sus reivindicaciones. El 28 de agosto, el presidente se reunió con otras tres asociaciones de consumidores junto a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo. El PSOE aseguró que olvidaron convocar a Facua por un error humano, pero hasta el día de hoy no se ha producido ninguna respuesta a la petición de mantener la reunión en otra fecha.
Facua señala que el apartado del programa de Gobierno dedicado a «Consumo» recoge sólo cuatro propuestas, poco más de media página de las 76 que conforman el documento. En él, plantea que fortalecerá a las administraciones responsables de la protección de los consumidores con el único fin de que interpongan acciones colectivas, regulará la figura del consumidor vulnerable para reforzar su protección, desarrollará una estrategia para fomentar el consumo resonsable y sostenible y regulará la obsolescencia programada. Todo ello se despacha en quince líneas de forma genérica y sin concretar ninguna medida.
Entre las muchísimas carencias del documento en materia de protección de los consumidores, Facua echa en falta medidas que lleva años reivindicando y que considera prioritarias. Una de ellas, que el Estado asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos que se produzcan a nivel nacional y la creación de una agencia de protección de los consumidores.
También lamenta Facua que el PSOE no se comprometa a bajar el IVA de la luz, como tampoco a emprender cambios regulatorios de calado para intervenir el sector eléctrico y poner freno a sus elevadas tarifas, fruto de la especulación.
La asociación también considera prioritarias modificaciones en la Ley de Seguridad Alimentaria para mejorar los protocolos de inspección a fin de prevenir crisis como la que se está produciendo con la listeriosis en productos de la empresa Magrudis y la incorporación de las asociaciones de consumidores representativas a la red de alerta alimentaria, de la que están incomprensiblemente excluidas.
También reclama Facua, entre otras medidas, el desarrollo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, que preveía la obligatoriedad de que las empresas cuenten con seguros de responsabilidad civil para pagar indemnizaciones por daños como los derivados de intoxicaciones alimentarias, así como la creación de un fondo de garantía en el que se depositen cantidades para asumir dichas responsabilidades.
Medidas insuficientes, muy genéricas y poco claras
En distintos apartados de la propuesta programática se recogen cuestiones vinculadas a la protección de los consumidores, pero Facua critica que éstas son también claramente insuficientes, muy genéricas y poco claras. Así, en lo que se refiere a vivienda, el PSOE se olvida de medias como la dación en pago y la limitación de los precios y de las subidas de los alquileres de inmuebles que se destinen a vivienda habitual.
Sobre pobreza energética, sólo dos medidas. La prohibición de cortes de agua, luz y gas en primeras residencias cuando se deban a pobreza sobrevenida y situación de vulnerabilidad, medida que Facua considera positiva pero advierte de que su eficacia dependerá del perfil económico que se defina para considerar que una familia sufre esa situación.
También se plantea la revisión del bono social, pero con una enorme ambigüedad. Algo que la asociación lamenta y recuerda que el aprobado por el Gobierno socialista tiene, como los anteriores, enormes carencias, deja fuera a multitud de usuarios con bajos ingresos y supone bonificaciones poco significativas en el infladísimo recibo energético de las familias.
