La multinacional española Ferrovial mantiene beneficios con los abusos que sufren las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la isla de Manus en la primera mitad de 2017, a pesar de sus intentos de distanciarse de sistema deliberadamente cruel de “tramitación” de solicitudes de protección internacional que aplica Australia, informa Amnistía Internacional.
Informes económicos publicados hoy por la empresa muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, Ferrovial obtuvo unos ingresos de 1326 millones de euros a través de Broadspectrum, su filial australiana en propiedad exclusiva, que gestiona los Centros de Tramitación de Refugiados de Nauru y la isla de Manus. Ferrovial registró también un aumento de los ingresos del 40,1 % con respecto a la primera mitad de 2016, gracias en gran medida a Broadspectrum.
El secretismo del contrato de gestión de los Centros de Tramitación de Refugiados permite a Broadspectrum y Ferrovial ocultar las ganancias exactas que les produce este sistema abusivo.
“Estas enormes cifras no son en absoluto motivo de celebración: cada céntimo procedente de estos centros está manchado del sufrimiento de mujeres, hombres, niños y niñas que el gobierno australiano utiliza como ejemplo para disuadir a otras personas de acercarse a sus costas en busca de seguridad”, ha señalado Lucy Graham, investigadora de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
“Ferrovial ha respondido a las críticas por su complicidad en este sistema con indiferencia y negando toda responsabilidad, pero el dinero le ha seguido entrando. La multinacional tiene que asumir la responsabilidad de sus actos: durante un año y medio ha sido parte integrante en Nauru de un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo, que creemos que constituye tortura”, añade Graham.
Desde 2012, Australia mantiene sistemas de “tramitación extraterritorial” de solicitudes de protección internacional deliberadamente severos en la isla oceánica de Nauru y en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar son llevadas por la fuerza a lugares remotos, donde soportan condiciones crueles y degradantes, a veces durante años seguidos.
Sufren agresiones físicas y sexuales de miembros del personal de las empresas que gestionan los centros, y abundan los intentos de autolesión y suicidio.
Los Centros de Tramitación de Refugiados de Nauru y la isla de Manus están gestionados por Broadspectrum, empresa que Ferrovial adquirió en abril de 2016. En el informe de 2016 “I$la del tesoro”[1], Amnistía Internacional puso de manifiesto que Ferrovial y Broadspectrum son cómplices en el sufrimiento de las personas refugiadas y se benefician de él.
Ferrovial ha intentado eludir las críticas por las operaciones que mantiene remitiendo a su anuncio de abril de 2016, cuando dijo que no iba a renovar su contrato con el gobierno australiano cuando expirara el 31 de octubre de 2017. Sin embargo, mientras tanto ha continuado obteniendo de este contrato enormes ingresos y no ha explicado públicamente cómo va a garantizar una salida responsable cuando el contrato termine.
El gobierno australiano ha anunciado recientemente que el principal centro de “tramitación” de la isla se cerrará el 31 de octubre y ha dicho a las personas que viven en él que pueden mudarse a la comunidad local o a otro centro más pequeño de la isla o regresar a su país. El Centro de Tramitación de Refugiados de Nauru continuará abierto. Aunque han transcurrido meses desde que Ferrovial avisó de su marcha, el gobierno no ha anunciado aún quién gestionará estos centros.
“Ferrovial debe cumplir su promesa de marcharse el 31 de octubre. Pero, dada la magnitud de su función y habiendo tenido un año y medio para planearlo, debe también garantizar que su marcha no generará tantos abusos como su participación en este sistema. No puede permitir que el gobierno australiano deje a la gente en una situación peor aun que la de ahora”, ha explicado Lucy Graham.
“Cada día que pasa, la situación de las personas atrapadas en estas islas se vuelve más desesperada. Las personas refugiadas no se sienten seguras en la comunidad local, donde han sufrido actos de violencia y amenazas, y con los cierres de Manus y la falta de información sobre lo que ocurrirá cuando Ferrovial se marche, su angustia va en aumento. Es hora de que el gobierno australiano y Ferrovial expliquen claramente qué planes tienen para estas islas de desesperación”, sostiene Graham.
Amnistía Internacional continúa pidiendo a los gobiernos de Australia, Papúa Nueva Guinea y Nauru que clausuren el sistema de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional y lleven de inmediato a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo a Australia, donde debe garantizarse que todas aquellas a las que se reconozca la condición de refugiadas tienen derecho a asentarse allí. También continúa advirtiendo a otras empresas de que no acepten el contrato de Ferrovial.
“El sistema de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional de Australia es tan incompatible en los aspectos más fundamentales incluso con la dignidad humana básica, que sería imposible prestar servicios esenciales en estos centros sin participar en graves abusos contra los derechos humanos”, ha añadido Lucy Graham.
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