En un discurso pronunciado el pasado 22 de julio de 2019, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió al Congreso el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, según denuncia en su boletín semanal Amnistía Internacional (AI) France, subrayando que los deseos del presidente filipino van en contra del derecho y las leyes internacionales.
«El discurso de Duterte en favor de la pena de muerte llega cuando han pasado pocas semanas del homicidio de una niña en una operación policial. El presidente aborda la cuestión de la droga sin tener en cuenta la realidad (…) Nuestra nación está de luto. No deberíamos enterrar a nuestros hijos como consecuencia de operaciones policiales letales y mal pensadas»,ha declarado Butch Olano, representante de la sección filipina de AI.
La pequeña Myca Ulpina, de tres años, murió a finales de junio en la provincia de Rizal, cuando la policía irrumpió en el domicilio familiar sin autorización mientras, según la madre de la niña, la familia dormía. El gobierno asegura que su padre la usó como escudo cuando le sorprendieron en flagrante delito. En esa operación también perdió la vida un policía.
Para AI, «la pretendida lucha contra la droga del gobierno filipino es en realidad una guerra asesina cuyas principales víctimas son las personas más pobres y más marginadas». Los homicidios se suceden a un ritmo desenfrenado, sin que se efectúen investigaciones creíbles, imparciales y eficaces. Hasta hoy tan solo se ha declarado culpable a un policía, imputado por el asesinato, de un disparo, de Kian de los Santos, de diecisiete años, en agosto de 2017 .
«El homicidio de Kian es emblemático de los horrores de la supuesta lucha contra la droga. El país se encuentra hoy en estado de shock por la muerte trágica de Mya Ulpina. Si este drama no incita al gobierno a cambiar de estrategia, demostrará su desprecio total por la vida humana», ha manifestado Butch Olano.
Las ejecuciones extrajudiciales son un hecho normal en la Filipinas actual. En su peculiar guerra contra la droga, en la que parece que vale todo, el gobierno ha reconocido al menos 6600 muertes imputables a la policía, pero hay suficientes indicios de que muchas otras personas han muerto a manos de desconocidos armados, que probablemente tienen relaciones con la policía. AI denuncia todos estos casos, que casualmente afectan a los estratos más pobres de la sociedad filipina, como «crímenes contra la humanidad».
«La guerra del gobierno contra los pobres –sigue el comunicado de AI- no se limita a los homicidios. Hace vivir un infierno a las familias y a las colectividades con el único objetivo de defender una política cruel y represiva, que no hace nada para proteger a las personas de la droga».
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene previsto publicar, en junio de 2020, un informe sobre la situación en Filipinas, incluidos los asesinatos ilegales cometidos en el contexto de la lucha contra la droga, tal y como le ha sido encargado por el Consejo de Derechos Humanos. Muchas familias que han perdido a alguno de sus miembros en el marco de esta supuesta guerra contra la droga tienen puesta su esperanza en la investigación de Naciones Unidas, con la que por cierto no está colaborando el gobierno de Duterte.
Rodrigo Duterte, alcalde de la localidad de Davao, en distintos mandatos, desde 1988 hasta 2016, cuando fue elegido presidente del país, pertenece al partido PDP-Laban, teóricamente de centro izquierda, y practica la religión «deísta».
Por su política de tolerancia cero con los criminales de la droga, la revista Time le apodó «el castigador» (Punisher): en veinte años de su mandato, Davao pasó, según sus propias palabras, de ser «la capital del crimen» a la «ciudad más segura del mundo», aunque cifras facilitadas por la Policía Nacional en 2016 demostraban que Davao había registrado el mayor número de asesinatos entre 2010 y 2015, y era la segunda ciudad en número de violaciones durante el mismo período.
En febrero de 2017, un ex policía declaró que, siendo alcalde, Duterte le pagó, lo mismo que a otros policías que constituían escuadrones de la muerte, por matar no solo a criminales sino también a opositores políticos, entre ellos el comentarista de la emisora radiofónica DXGO, Jun Pala, asesinado el 6 de septiembre de 2003.
El 1 de julio de 2016, al día siguiente de su investidura, en una rueda de prensa en la localidad de Tondo, Duterte exhortó «a los ciudadanos filipinos» a asesinar a los «traficantes de droga y a los toxicómanos»; y pidió al Nuevo Ejército Popular, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, «que desarmara y detuviera a los barones de la droga». Cinco días después, el diario Philippine Daily Inquirer publicó una «kill List», una lista de personas víctimas de ejecuciones bajo el mandato de Duterte: lista que el periódico mantuvo actualizada hasta el 14 de febrero de 2017.
