Minoritario en la asamblea nacional, el presidente Emmanuel Macron y su gobierno han encendido la chispa del polvorín social, al recurrir de nuevo en el conflicto generado por la reforma para recortar las pensiones, al uso del artículo 49’3 de la Constitución francesa que permite la aprobación de un proyecto de ley sin voto del parlamento.
El uso y abuso del articulo 49,3 es algo así como el pecado original anti democrático de la quinta república, que permite «legalmente» imponer el poder autoritario del jefe del Estado. Lo he recordado a menudo en mis crónicas citando a François Mitterrand quien, en «El golpe de estado permanente» denunció en su día esa deriva autoritaria, antes de traicionar sus análisis aceptando el mismo esa práctica antidemocrática al llegar al Eliseo.
Con su actual obstinación el presidente Macron está arrastrando a Francia en una crisis social, política e institucional sin precedentes. Este viernes el parlamento debe examinar tres mociones de censura, una presentada por Francia Insumisa, otra presentada por un grupo de diputados independientes (LIOT), y una tercera por la extrema derecha.
De ellas, solo la moción de censura del LIOT que se anuncia «transpartisana» tiene una posibilidad aritmética de éxito, ya que podría ser votada por diputados de diversos partidos. La caída del gobierno de Elisabeth Borne parece pues inminente y con ella enterrada su «reforma». En caso contrario la presión de la huelga y manifestaciones cada vez más incontroladas seguirá hasta la retirada del proyecto Macron.
La reacción en todo el país ha sido inmediata, manifestaciones, hogueras y bloqueos se extienden en pueblos y ciudades, el movimiento de huelga general se radicaliza. La intersindical, compuesta por ocho organizaciones sindicales y cinco organizaciones de la juventud, llama en un comunicado unánime a proseguir la huelga y convoca una novena jornada nacional de movilización para el jueves 23 de marzo.
68 por ciento de franceses y 93 por ciento de franceses en trabajo activo se oponen a su «reforma» de las pensiones. Los sondeos son unánimes: Los franceses rechazan el proyecto Macron. El presidente sigue empeñado en justificar su «reforma» por «razones financieras», pero sus maniobras y repetidos engaños no convencen a la mayoría. Las finanzas contra la democracia no es ya un eslogan es una realidad con Macron.
La pregunta es sencilla: ¿Puede un jefe del Estado, en un país democrático, seguir gobernando contra la opinión de la mayoría de sus ciudadanos, contra la totalidad de las organizaciones sindicales e ignorando el parlamento? ¿Es la violencia policial su única respuesta? ¿Hasta cuándo?
En las últimas horas las consignas contra el proyecto de pensiones han sido superadas por los gritos de Macron dimisión.
