La designación de Gerard Darmanin como ministro del Interior, y del abogado penalista Eric Dupond Moretti como ministro de Justicia, en el recién formado gobierno de Jean Castex, ha provocado la enérgica y masiva protesta de los movimientos feministas en Francia.
Al carácter antisocial y antiecológico del nuevo gobierno del presidente Macron, que no ha pasado aquí desapercibido, se ha añadido en las últimas horas la firme reacción de los colectivos feministas que reclaman la dimisión de ambos ministros recién nombrados.
El primero tiene pendiente una investigación judicial de la fiscalía de París acusado de violación, y el segundo es conocido por sus virulentas declaraciones antifeministas, hostiles al movimiento Me Too. «Un violador en Interior, un cómplice en Justicia» denuncian las pancartas de las feministas en Francia, poniendo de relieve el carácter «simbólico» de esa doble designación en ministerios que tienen en sus manos la gestión de la lucha contra las violencias de género y el feminicidio. Miles de personas se han manifestado este viernes en París y en diversas ciudades del país para reclamar su dimisión.
Gerard Darmanin, quien ha pasado de Hacienda a Interior, figuraba ya en el gobierno anterior, y la acusación de violación de que fue objeto en 2009 no había prosperado. Sin embargo, la fiscalía ha reabierto una investigación, tras una nueva denuncia de agresión sexual, para verificar si hay elementos suficientes que permitan incoar un proceso. Argumentando la presunción de inocencia de que goza todo acusado, el presidente Macron estimó que no había impedimento para designar a Darmanin como ministro del interior, es decir jefe máximo de la policía y de todos los servicios de seguridad del Estado.
Por si esto fuera poco Macron ha designado al muy mediatizado abogado penalista Eric Dupont Moretti como ministro de la Justicia, tentado por utilizar su popularidad televisiva. Su designación ha sido recibida como una declaración de guerra por los sindicatos de magistrados en Francia, pues Moretti siempre ha mostrado su hostilidad contra los jueces en el sistema judicial francés. Conocido también por sus grandilocuentes declaraciones antifeministas y contra el movimiento Me too, su designación como ministro de la Justicia, ha sido el vaso que ha desbordado la cólera del movimiento feminista en Francia ya que Interior y Justicia son ministerios claves en lo relativo a la violencia de género.
La oposición de izquierdas, que ha denunciado el carácter antisocial y antiecológico del nuevo gobierno Castex, pone de relieve así mismo la provocación y el mensaje antifeminista del jefe del Estado con esas dos nominaciones, sobre todo teniendo en cuenta que recién elegido Macron había asegurado que «la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres» sería la gran causa de su mandato.
Marlene Schiapa ex secretaria de estado para la igualdad de género «feminista declarada en LREM», ha sido designada para colmo secretario de estado de la ciudadanía a las órdenes del ministro del Interior, contra quien pesa una acusación de violación. Mentiras y promesas incumplidas se acumulan en el palacio del Eliseo.
¿Provocación, incompetencia o nueva metedura de pata en la gestión del naufragio político de Macron y su LREM (La república en marcha) que parece hoy más paralizada que nunca?
¿O bien afirmación de una política derechista dura de mantenimiento del orden público y del poder absoluto presidencial en todos los ámbitos, para seducir al electorado de Le Pen, cara a las presidenciales?
Los cálculos pueden ser complejos pero yo pondría esas dos nominaciones a cargo de «la cultura de la impunidad» que caracteriza a las élites en el poder en general y a Macron en particular.
Con su declarado antifeminismo, el nuevo gobierno del presidente monarca Macron, acaba de abrir una nueva brecha en su navío a la deriva. Su régimen se encuentra acorralado y desesperado, tras la crisis del covid, que ha puesto de manifiesto la locura inhumana de su política económica neoliberal.
La movilización feminista contra «el gobierno de la vergüenza» y la movilización social en el país contra las consecuencias de la política del gobierno en materia de empleo, pensiones, sanidad o protección social, convergen hoy hacia una movilización general que se anuncia masiva.
El poder absoluto que confiere la Quinta República al jefe del Estado en Francia, ha llegado con Macron a un extremo de ceguera nunca antes igualado. Haciendo oídos sordos a las cacerolas o los conflictos de interés, negando la inadmisible violencia policial contra los gilets jaunes y el movimiento sindical, ignorando los múltiples escándalos revelados en sus tres años de poder, y sin sacar las debidas conclusiones de la grave crisis económica y sanitaria, el jefe del Estado ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Antes de que se produzca una explosión social de graves consecuencias, Francia merecería hoy la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.
